La defensa de Begoña Gómez interpuso un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que cuestiona actuación del juez Juan Carlos Peinado y asegura que la investigación abierta en su contra sólo responde a a su vínculo con el presidente del GobiernoPedro Sánchez.

En el escrito al que tuvo acceso Europa Press, el abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, solicita que se declare anular la decisión del magistrado enviar el caso a un tribunal con jurado si finalmente se lleva a cabo un juicio.

La esposa del presidente dice que No hay fundamento para vincular su actividad profesional con la llegada de Sánchez a La Moncloa. «La única conclusión que se puede sacar es que es objeto de una investigación porque es la esposa» del jefe del Ejecutivo, indica el recurso presentado por su defensa.

La defensa rechaza la tesis del juez

El escrito cuestiona directamente uno de los argumentos esgrimidos por el instructor, que vincula la etapa profesional de Gómez con el acceso de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno.

Su abogado recuerda que Begoña Gómez ha trabajado anteriormente en el ámbito de la consultoría y se había dedicado a la actividad docente “desde hacía muchos años antes” codirigiendo una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

La defensa considera que el auto del juez carece de motivación y critica, en particular, la decisión de proponer un juicio por jurado popular en un caso de gran resonancia.

Según el recurso, el procedimiento está sujeto a fuertes «juicio paralelo«tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales y comisiones de investigación, lo que, a juicio de la defensa, podría afectar la derecho a un juez imparcial.

Solicitud de 24 años de prisión

La ofensiva judicial llega tras reclamar la acusación popular liderada por Hazte Oír la apertura de juicio oral y exigen 24 años de prisión para Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción comercial, malversación y apropiación indebida.

Además, los cargos también exigen medidas cautelares como retirada del pasaporte y prohibición de salir de España por un supuesto «riesgo de fuga».

La petición afecta también a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, para quien la 22 años de prisióny el empresario Juan Carlos Barrabés, para quienes exigen seis años de prisión.

El caso tiene varias acusaciones populares personas, entre ellas Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.

Mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez insiste en que el procedimiento falta de base legal suficiente y exige a la Audiencia Provincial adiós las decisiones adoptadas por el juez de instrucción.

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