Ya en el mes de abril, el Partido Popular tenía certeza, y lo denunció públicamente, de que el Ejecutivo estaba utilizando créditos presupuestarios asignados al Mecanismo de Recuperación para pagar gastos ordinarios. El diputado Francisco Conde acusó al vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpopor haber utilizado irregularmente 12.551 millones de euros de créditos asignados a proyectos del Plan de Recuperación para cubrir gastos estructurales de la Seguridad Social y partidas asociadas al Ministerio de Defensa. El vicepresidente no lo negó.

Poco después, a principios de mayo, el Tribunal de Cuentas Puso blanco y negro sobre lo sucedido con la información disponible. En su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024, el organismo revela que el 6 de noviembre de 2024, Hacienda autorizó una ampliación de crédito por importe de 1.722,1 millones de euros y unos días después, el 19 de noviembre, una transferencia de crédito de 667,3 millones de euros (2.389,4 millones en total) para hacer frente a compromisos por pensiones de las clases pasivas y complementos de pensiones mínimas del sistema de Seguridad. Social.

No hubo suficientes recursos a los que recurrir con la ampliación del Presupuesto de 2023 y el dinero se tomó del llamado servicio 50, la sección especial del Presupuesto donde se destinan los recursos recibidos de la Comisión Europea a partir de 2021 para financiar los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que sobre el papel sólo se podía utilizar para hacer frente a los gastos asociados a ese plan.

El Tribunal de Cuentas recordó que la maniobra no se ajusta al marco normativo establecido por el propio Tribunal. Gobierno en el que se estipula que los fondos de la UE sólo podrán utilizarse para proyectos e inversiones del Plan de Recuperación, no para otros gastos como pensiones, o incluso defensa como denunció el PP. Esta anomalía ha generado incluso polémica dentro del organismo supervisor por la forma en que se ha abordado el asunto y ha acabado en explicaciones adicionales y votos individuales de algunos de sus miembros.

Lo cierto es que, como consta en el escrito de alegaciones de Hacienda al escrito inicial del Tribunal de Cuentas, el Gobierno ya viene preparando el terreno desde principios de 2024. A lo largo de diez páginas, Hacienda intenta justificar la maniobra con la que el modificaciones de crédito en cuestión aprobaron los informes internos obligatorios y se limitaron a utilizar fondos excedentes. En este sentido, el ministerio identificó a continuación 4.500 millones de dólares disponibles para cubrir las necesidades de gasto en otras áreas, procedentes del Mecanismo de Recuperación.