La justicia estadounidense ha dado un nuevo paso contra el Reino de España en la larga batalla internacional derivada de los recortes retroactivos aplicados a las energías renovables. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha allanado el camino para nuevas acciones de ejecución y embargo de bienes en el llamado Caso InfraRed.

Vía gratuita para embargar bienes

La resolución, firmada el 12 de mayo de 2026 por el juez federal John D. Bates, permite el inicio de procedimientos de ejecución y el registro de la sentencia en otros distritos federales estadounidenses para intentar localizar activos españoles susceptibles de embargo.

El caso corresponde al arbitraje impulsado originalmente por varios inversores británicos vinculados a InfraRed Environmental Infrastructure, posteriormente representada por Blasket Renewable Investments. El tribunal de arbitraje del CIADI concluyó que España violó sus obligaciones bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía y concedió inicialmente una indemnización de 28,2 millones de euros.

Sin embargo, la prolongación del litigio, los intereses acumulados y las costas judiciales ya han elevado el importe reconocido por la justicia estadounidense hasta aproximadamente 41 millones de euros, equivalentes a 47,6 millones de dólares. El aumento de la factura refleja precisamente uno de los grandes problemas denunciados por los acreedores: cada año de resistencia judicial aumenta significativamente el coste final asumido por el Estado.

España, líder mundial en arbitrajes impagos

En su decisión, el juez Bates rechaza la petición de España de suspender las medidas de ejecución y considera que mantener paralizada la recaudación «pondría en peligro» las posibilidades de recuperación de los acreedores, máxime teniendo en cuenta que Hay numerosos laudos pendientes contra el Estado español y un número limitado de activos potencialmente embargables en los Estados Unidos.

El tribunal también permite que la sentencia se registre en otros tribunales federales fuera de Washington DCal considerar probado que España podría tener activos en distintas jurisdicciones estadounidenses.

Asimismo, el tribunal confirma que el trabajo de descubrimiento de activos y obtención de información financiera sobre propiedades españolas en Estados Unidos. Entre las acciones ya iniciadas se encuentran requerimientos dirigidos a bancos, despachos de abogados y empresas relacionadas con la Selección Española de Fútbol y el Mundial de 2026.

El juez Bates recuerda además que España no ha tomado medidas efectivas para pagar el laudo y señala que, aunque el Gobierno argumenta que la normativa comunitaria dificulta dichos pagos, no ha acreditado que haya solicitado formalmente autorización a la Comisión Europea ni que haya activado otros mecanismos para intentar cumplir la sentencia.

Embargos en Europa y presión sobre el Mundial

El revés judicial se produce además en un contexto cada vez más complicado para el Estado español. Según una nota de situación elaborada en mayo de 2026, el total de la deuda acumulada por impagos derivados de arbitrajes renovables ya supera los 2.310 millones de eurosuna cifra que sitúa a España como el país con mayor volumen de incumplimiento de decisiones arbitrales internacionales vinculantes, incluso por encima de Venezuela o Rusia.

De esa cifra total, alrededor 547 millones de euros corresponden exclusivamente a intereses de demoracostas judiciales, gastos financieros y otros costos extras asociados a la negativa del Estado a resolver el conflicto. El proyecto de ley continúa creciendo a medida que avanzan los procedimientos de ejecución en diferentes jurisdicciones internacionales.

En paralelo, Los acreedores han ido consolidando victorias judiciales. en diferentes países. El Tribunal Supremo del Reino Unido falló definitivamente contra España en marzo de 2026, mientras que el Tribunal Supremo de Australia hizo lo mismo en agosto de 2025. Singapur también ha registrado recientemente un laudo vinculado al caso NextEra, más de 300 millones de euros.

La ofensiva internacional también se está traduciendo ya en medidas concretas sobre bienes y activos españoles. Bélgica y Holanda tener autorizados embargos y medidas cautelares contra propiedades del Estado, incluida la congelación de cientos de millones de euros y la incautación de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht. Al mismo tiempo, los acreedores han intensificado el seguimiento de los activos relacionados con la participación de España en el Mundial de 2026envío de notificaciones judiciales a entidades como FIFA, Adidas, Hilton o Baylor School.