La vivienda se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de los españoles. el nuevo Plan Estatal de Vivienda se ha convertido en un Tira y afloja entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Mientras el Ejecutivo busca consolidar una estrategia de inversión pública para incrementar la oferta residencial entre 2026 y 2030, el sector promotor lanza un mensaje claro: frenar o retrasar el acuerdo puede agravar aún más la crisis inmobiliaria.

El presidente de la Asociación de Promotores de la Construcción de España (APCEspaña), Xavier VilajoanaConsidera que el proyecto impulsado por el Gobierno representa «un buen comienzo», aunque advierte de que el verdadero reto será garantizar que todas las administraciones estén implicadas y que el plan no se vea bloqueado por disputas políticas.

En este sentido, el dirigente empresarial dejó claro que «no sería bueno» que las comunidades autónomas «jugaran» con la firma del nuevo marco estatal, cuya financiación total alcanzará 7 mil millones de euros en los próximos cinco años. La iniciativa también contempla que las regiones suponen progresivamente una parte importante del esfuerzo económico, llegando a Contribución del 40% a partir de 2027.

Para Vilajoana, esta fórmula es positiva porque obliga a todas las administraciones a asumir responsabilidades directas en la ejecución de las políticas de vivienda. «O todas las administraciones colaboran o será una solución muy desigual, si la alcanzamos», advirtió en declaraciones a Servimedia.

El presidente de APCEspaña se mostró convencido de que la mayoría de gobiernos regionales acabarán firmando los acuerdos necesarios, previsiblemente antes de septiembre. Aun así, lanzó una advertencia a aquellas regiones que puedan optar por distanciarse del acuerdo estatal. «Si no te gusta lo suficiente, no lo firmes, pero tendrás que aceptar las consecuencias», dijo.

Ante las críticas de algunos sectores políticos, que consideran que el Ejecutivo utiliza la financiación como mecanismo de presión, Vilajoana rechazó que haya alguna imposición. «El chantaje tiene una connotación negativa; me gusta hablar más de incentivos», afirmó.

La aprobación final del reparto económico depende ahora de una próxima Conferencia Sectorial prevista para finales de este mes, donde se debatirán los criterios de reparto de los fondos entre las distintas comunidades.

El sector promotor reconoce que el diálogo con el Ministerio de Vivienda ha sido constante durante el desarrollo del plan. Vilajoana calificó de «fluida» la relación con la ministra Isabel Rodríguez, aunque admite que todavía hay áreas en las que le gustaría que el Ejecutivo profundizara.

Uno de los aspectos que más preocupa al sector es la dimensión real de los recursos comprometidos. Aunque el nuevo programa multiplica notablemente las cifras del anterior plan estatal, los promotores consideran que aún es insuficiente para cubrir la demanda actual de vivienda en España.

«Partimos de los 1.700 millones del anterior Plan Estatal y hemos pasado a 7.000 millones», recordó Vilajoana. Sin embargo, aclaró que la inversión sigue siendo «absolutamente insuficiente debido a las necesidades que existen».

Según explica, el problema no reside sólo en la cifra global, sino en el impacto efectivo que tendrá una vez distribuida en cinco años y transformada en promociones concretas. El sector considera que el ritmo de construcción continúa muy por debajo de las necesidades reales del mercado.

La patronal insiste en que España necesita abordar la vivienda como una política estructural y no como una medida coyuntural ligada a cada legislatura. “Si realmente creemos que la vivienda es el quinto pilar del Estado de bienestar y la comparamos con Sanidad o Educación, entonces no llegamos al 1% del PIB cuando en Sanidad y Educación rondamos el 20%”, subrayó.

Precisamente, la falta de estabilidad regulatoria y política es otro de los grandes obstáculos que identifica APCEspaña. Vilajoana cree que la ausencia de consenso entre partidos impide el desarrollo de políticas efectivas a largo plazo y frena proyectos que requieren años de planificación y ejecución.

«No lo comparto, pero lo entiendo. El ciclo político dura como máximo cuatro años y el ciclo inmobiliario empieza a los cuatro años», explicó.

Por ello, ha reclamado la creación de «un verdadero Pacto de Estado» que permita diseñar una estrategia estable en materia de vivienda, alejada de los constantes cambios derivados de los cambios políticos. A su juicio, el debate debe continuar «todo el tiempo que sea necesario» hasta alcanzar un acuerdo sólido y duradero «que no cambie según gobierne uno u otro».

Además del plan estatal, el sector promotor pone sobre la mesa otra prioridad: desbloquear la reforma de la Ley del Suelo. La modificación normativa ha sufrido varios intentos fallidos durante la legislatura y sigue atrapada en la confrontación parlamentaria.

Vilajoana lamentó que la reforma aún esté pendiente a pesar de que, según él, hay una necesidad urgente tanto para el sector como para la ciudadanía. «El sector y la gente lo necesitan», afirmó.

Aunque el Congreso acordó recientemente debatir una propuesta impulsada por el PP con el apoyo de Vox y Junts, el dirigente empresarial recuerda que la tramitación sigue dependiendo de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría.

El principal problema, según explica, es que las negociaciones políticas han acabado ampliando el alcance de la reforma mucho más allá de los aspectos técnicos donde habría consenso. «No hay consenso en que la parte técnica de la norma sí la tenga», anotó.

Entre las críticas a la legislación actual, APCEspaña destaca especialmente la inseguridad jurídica que provoca la anulación total de procedimientos urbanísticos por determinados defectos administrativos. «Si hay denuncia y llega a un juez, el juez está obligado a volver al punto de partida del proceso urbanístico», denunció Vilajoana.

En esta línea, ha concluido que «no puede ser que cualquier urbanismo, por un defecto, ya sea de forma o de fondo, no pueda corregirse y el proceso continúa», insistiendo en que esta situación retrasa los proyectos, frena las inversiones y limita aún más la creación de nueva vivienda en España.