MADRID 16 de mayo. (PRENSA EUROPA)-

La Segunda Sala Constitucional de La Paz ha aceptado parcialmente un amparo de acción y ha ordenado a los movimientos sociales levantar los bloqueos de carreteras que impiden el paso de alimentos, medicinas y otros bienes de primera necesidad en el marco de una huelga general indefinida contra el Gobierno boliviano.

«El bloqueo absoluto de carreteras, caminos, puentes y rutas estratégicas no está amparado por el derecho a la protesta social cuando impide o restringe gravemente la salud, la alimentación, la educación, la seguridad y la libre circulación», indica la resolución judicial, emitida este viernes.

El fallo también advierte que las protestas tienen protección constitucional siempre que sean pacíficas, proporcionales y respeten corredores humanitarios, rutas alternativas, derechos de terceros y bienes públicos o privados. Aclara así que en estas condiciones se siguen permitiendo marchas, cabildos, vigilias y huelgas.

Asimismo, la resolución insta al Gobierno a aplicar las medidas necesarias para levantar los bloqueos de manera pacífica, a través del diálogo. De persistir las medidas de presión, los responsables deberán ser procesados ​​individualmente por el Ministerio Público.

La Sala Constitucional también ha ordenado la creación inmediata y permanente de corredores humanitarios para ambulancias, medicamentos, oxígeno medicinal, alimentos, agua y transporte de personas en situación de vulnerabilidad, incluidos menores, adultos mayores y mujeres embarazadas.

El fallo responde a la acción presentada por el exdiputado Amílcar Barral contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; contra el senador suplente Nilton Condori, así como el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Los bloqueos afectan especialmente al departamento de La Paz, donde las carreteras permanecen cerradas desde hace casi dos semanas. El bloqueo ha comenzado a afectar a la población con escasez de alimentos, medicinas y combustible.

Para Barral, impulsor del recurso, este fallo permite al Gobierno «utilizar cualquier recurso» para levantar los bloqueos, lo que representa «una facilidad que la justicia le da al Ejecutivo», afirmó en una entrevista con el diario boliviano ‘El Deber’.

En concreto, Barral propone que el Gobierno dicte el estado de emergencia «en determinados departamentos, o en todo el país, para que se calme toda esta ola de movilizaciones que está siendo más política que otra cosa», argumentó.

El Gobierno ha manifestado su voluntad de dialogar, pero la COB, el movimiento indígena boliviano de Los Ponchos Rojos y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz mantienen medidas de presión.