La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) aprobó este fin de semana en su Asamblea General celebrada en Santiago de Compostela el apoyo a la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de suspender provisionalmente la acreditación de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongoa quienes la federación califica de «agitadores sociales» cuyas acciones «no tienen nada que ver con el periodismo y perturban la convivencia democrática».

La Junta del Congreso Adoptó la medida el pasado miércoles con los votos del PSOE y Sumara propuesta de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y con el aval de los servicios jurídicos. La suspensión se aplicará de forma provisional mientras se resuelven definitivamente las distintas denuncias contra ambos, presentadas por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), el PSOE, Sumar y Podemos. Quiles tiene ocho expedientes abiertos y Ndongo, tres.

La FAPE considera que la actualización del reglamento del Congreso «es una victoria de la profesión», aunque lamenta que la resolución parlamentaria «no haya sido apoyada por todos los grupos políticos» y critica que algunos hayan salido a defender la actuación de los sancionados, tomando incluso a uno de ellos «como protagonista destacado en el cierre de una campaña electoral».

En su comunicado, la federación ha denunciado que Quiles y Ndongo, «protegiéndose con una incomprendida libertad de expresión, ocupan nuestro espacio, torpedean ruedas de prensa y boicotean apariciones, faltando el respeto a sus compañeros y, sobre todo, a los ciudadanos, a los que intentan engañar». Asimismo, ha señalado que «Sus comportamientos no cumplen con los estándares mínimos de conducta y deliberadamente confunden los roles de militante e informante».

La propia APP había solicitado protección a la FAPE porque se sentía atacada por los sancionados y sus superiores. La federación destaca la gravedad de este hecho al tratarse de una denuncia colectiva de «una asociación que representa a periodistas de diferentes sensibilidades» y no de una denuncia individual.

La FAPE ha precisado, no obstante, que su postura no cuestiona «en ningún caso la formulación de preguntas incómodas» y ha recordado que «el trabajo periodístico requiere investigar, supervisar a los responsables de la vida pública y plantear cuantas preguntas sean necesarias». Sin embargo, este ejercicio «debe desarrollarse siempre dentro de los márgenes del respeto, la convivencia y las reglas que rigen los espacios institucionales».

Asimismo, la FAPE ha advertido de la riesgo que «la polarización política y la creciente tensión en el espacio público y mediático» suponen para el periodismo, erosionando, a su juicio, «la confianza de los ciudadanos en la información y, por tanto, en la credibilidad de sus profesionales».

Quiles trabaja para el medio digital Estado de Alarma (EDATV) y Ndongo está acreditado por Periodista Digital. Ambos acumulan casi una decena de denuncias por incumplimiento de la normativa del Congreso, que fue modificada hace diez meses para introducir un régimen sancionador específico para los informantes.

El bloque mayoritario de la Junta justificó la decisión en «el crecimiento casi exponencial de las denuncias contra ambos y el aumento de la gravedad de los hechos denunciados» en las últimas semanas, así como en «el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otros departamentos de la institución».

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