María José de la Fuente y de la Calle, presidenta del Tribunal de Cuentas entre julio de 2018 y noviembre de 2021 y actual asesora del mismo, se ha incorporado como nuevo Académico Numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, donde ostentará la medalla número 21, vacante desde el fallecimiento de Gustavo Villapalos en julio de 2021.

La nueva académica centró su discurso en un tema que consideró esencial para la salud democrática: «¿Dónde están nuestros impuestos?», en el que defendió la necesidad de «reforzar la transparencia, la eficiencia y la ética pública en la gestión del dinero de todos». Además, ha destacado que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado debe ser algo muy excepcional y de duración restringida, ya que «el recurso permanente a la prórroga presupuestaria demuestra que dicha cifra ha sido desvirtuada, con las consecuencias negativas que ello conlleva».

Reclamación de principios

En su discurso, la nueva académica reivindicó los principios de eficacia, eficiencia y economía como «imperativos constitucionales» y criticó la «proliferación de estructuras públicas innecesarias, la duplicación de organizaciones y la falta de profesionalización gerencial». También denunció el despilfarro de dinero público, que definió como «un grave fallo del gasto público», especialmente cuando resulta de decisiones que, sin ser ilegales, implican un uso irracional de los fondos. Así, subrayó que la eficiencia pasa por ajustar muy bien el gasto público estructural, «especialmente en lo que respecta al gasto político y al gasto superfluo e improductivo, que no tiene compensación en términos de interés público».

En este sentido, destacó que el Estado social justifica determinadas actividades deficitarias, pero no protege la ineficiencia, que calificó de auténtica quiebra del interés general: «Las ineficiencias sólo generan gasto inútil»: Así, en materia de control, De la Fuente fue tajante: «Sin control político no hay Estado democrático, pero sin control del gasto tampoco hay Estado Social ni Estado de Derecho» y reivindicó el papel del Tribunal de Cuentas y el de los ciudadanos y los medios de comunicación como vigilantes permanentes de la situación. el uso de fondos públicos.

Presupuestos, corrupción y fraude

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, los calificó como “la herramienta fundamental para la gestión racional, eficiente, legal y equitativa de los ingresos y gastos públicos”, y advirtió que la reiterada prórroga presupuestaria “desnaturaliza dicha figura” y perjudica la planificación. Insistió en que los Presupuestos Generales del Estado son «la herramienta fundamental para la ordenación racional, eficiente, legal y equitativa de los ingresos y gastos públicos» y que su «oportuna aprobación por las Cortes es vital para asignar recursos según las necesidades de cada ejercicio, que no tienen que ajustarse a las del año cuyo presupuesto se prorroga, y para llevar a cabo las políticas públicas requeridas».

Por ello, ha añadido, la prórroga de los Presupuestos Generales debe ser un «mecanismo excepcional de duración restringida» y no se puede privar al Parlamento de una de sus funciones esenciales, como órgano representativo de los ciudadanos. Sin embargo, «el recurso permanente a la ampliación presupuestaria demuestra que esta cifra ha sido distorsionada, con las consecuencias negativas que ello conlleva».

Advertencia fuerte

En su cierre lanzó una contundente advertencia: «La corrupción socava la democracia y genera grandes costos», mientras que el fraude y la evasión fiscal «hacen necesario generar obligaciones tributarias adicionales precisamente para quienes pagan sus impuestos». Sólo una gestión pública ejemplar, concluyó, puede fortalecer la confianza ciudadana: “La responsabilidad fiscal y la conciencia ciudadana sólo pueden mejorarse a partir del conocimiento de que se gestiona de forma legal y eficiente”.

El discurso de respuesta estuvo a cargo del Académico de Número Antonio Pau Pedrón.