El notariado internacional retrata al Gobierno: acusa a su nueva ley anticorrupción de "facilitar el fraude"
El Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública propuesto por el Gobierno no ha sido bien recibido a nivel internacional. La Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL) ha presentado un informe en el que acusa al texto español de no cumplir con las expectativas y de recopilar herramientas que pueden ayudar a cometer fraude. El Ejecutivo busca cambiar la normativa sobre la transferencia de acciones sociales, es decir, sobre la compra, venta o modificación de sociedades de responsabilidad limitada.
Actualmente, cualquiera de estos trámites se tiene que realizar ante notario, pero la propuesta quiere permitir que estas operaciones se realicen a través de documentos privados y que el control notarial se realice posteriormente. Así, el sector internacional se queja de que estas medidas, «lejos de reforzar la transparencia, podrían producir efectos contrarios a los pretendidos, debilitando mecanismos preventivos eficaces, sustituyéndolos por modelos de control a posteriori carentes de inmediatez y trazabilidad efectiva».
La inclusión en el Anteproyecto de «mecanismos que favorezcan la circulación y eficacia práctica del documento privado en operaciones societarias de especial sensibilidad económica y patrimonial» es el punto que más preocupa a los expertos internacionales, que aseguran que «el documento privado carece, por definición, de control inmediato de legalidad, verificación imparcial de capacidad y legitimación, juicio de identificación reforzado, trazabilidad preventiva suficiente, entre otros defectos».
Debido a esto, puede ser mucho más fácil para los delincuentes ocultar temporalmente la propiedad real o generar estructuras opacas incompatibles con las «demandas modernas de transparencia económica». Además, el uso de la firma digital no prueba la participación de la persona en la operación y podría utilizarse un testaferro sin que un notario pueda verificarlo.
El documento privado aumenta la opacidad estructural del tráfico corporativo, facilita el uso de testaferros y no se controla la coherencia de la realidad empresarial o económica subyacente. Por este motivo, la UINL afirma que «la lucha contra el fraude no debe construirse debilitando o destruyendo precisamente los mecanismos preventivos que han demostrado ser más eficaces».
Además, consideran que el Anteproyecto ignora muchas herramientas preventivas existentes y reconocidas internacionalmente, como la Base de Datos de Propiedad Real Notarial Española, considerada una de «las más avanzadas de Europa y del mundo en materia de prevención del blanqueo de capitales».
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