La acusación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En el caso del Plus Ultra es contundente. A lo largo de 85 páginas, el juez Calama señala el papel absolutamente clave de Zapatero como presunto líder de «una estructura estable y jerárquica de tráfico de influencias» cuyo objeto “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencia ante organismos públicos a favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

Dependiendo del coche, La red utilizó «sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos» y el magistrado habla de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencia, estructuralmente organizada y dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero».

Además, el auto atribuye a Zapatero haber colocado «sus contactos personales y su capacidad para acceder a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados ​​en obtener decisiones favorables. Y destaca una «distribución funcional de tareas encaminada a maximizar la eficacia de los procedimientos ante los organismos públicos»

El escrito de Calama sostiene que la influencia buscaba «la consecución de una resolución administrativa específica: la aprobación y desembolso de las ayudas públicas solicitadas por Plus Ultra». Y considera clave «el acceso temprano a información privilegiada sobre la inminente concesión de ayudas».

Una trama con «testaferros» y «triangulación de pagos»

Respecto a los pagos investigados, Calama habla de «contratos de asesoría ad hoc y pagos directos e indirectos». El juez sostiene que las empresas investigadas servían para «la triangulación de pagos» y que había «administradores con funciones de testaferro».

La transferencia de estos fondos al ámbito empresarial se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoramiento o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros. El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica la orden, sería José Luis Rodríguez Zapateroasí como la sociedad Whathefav SL, cuyos administradores y socios son sus hijas, «recurriendo nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar la transferencia de fondos».

Y en concreto, respecto al rescate de Plus Ultra, la orden indica que «intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI a través de mecanismos fuera de los cauces legalmente establecidos». Y que sería la ruta atribuida a Zapatero la que habría adquirido «un papel predominante».

El auto señala que los clientes «pagaron determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados» y que la operación económica fue una «mera justificación documental frente a terceros». Así, el juez identifica a José Luis Rodríguez Zapatero como el «principal beneficiario final de las rentas obtenidas».

Sobre el conocimiento previo del rescate, el juez destaca en su auto que Los investigados «celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de ayudas a Plus Ultra antes de la decisión formal» y que el contacto con el entorno de Zapatero «no fue casual».

La resolución sostiene que el esquema «selecciona clientes, emite instrucciones para crear empresas en territorios offshore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura».

Zapatero ordenó la creación de un ‘offshore’ en Dubai a través de Julio Martínez

Para el juez, la existencia de una estructura corporativa y financiera internacional diseñado indicativamente para canalizar fondos de origen ilícitoocultar la propiedad real de activos y mover capitales fuera del territorio nacional.

Queda acreditado, según la resolución, que José Luis Rodríguez Zapatero, con la participación de María Gertrudis Alcázar Jiménez (su secretaria) y Julio Martínez Martínez (Análisis Relevante), emitió instrucciones para la constitución de una empresa en Dubai (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), cuyo plan de negocio preveía unos ingresos de 3 millones de dólares en cinco años y que pasaría al 100% por la empresa española Idella Consulenza Strategica, dirigida por Julio Martínez Martínez.

La proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella recibiría 530.000 euros (el 1% del rescate público) −sin justificante de pago en España−, refuerza la hipótesis de que La sociedad de Dubái se habría creado para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español.

Este patrón de acción, en opinión de Calama, encaja en las modalidades típicas de blanqueo de capitales descritas por el Tribunal Supremoespecialmente en lo que respecta a la creación de empresas fantasma en jurisdicciones con baja transparencia, el uso de estructuras fiduciarias para ocultar el beneficiario real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros ubicados en el extranjero y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final.

Por tanto, afirma el magistrado, la trama investigada no sólo estaría realizando actividades ilícitas que podrían calificarse como tráfico de influencias, sino también otras que podrían constituir un delito de blanqueo de capitales, tipificado en el art. 301 CP, cuando existían indicios de que los investigados habrían realizado actos de ocultamiento, conversión o transmisión de activos presuntamente ilícitos a través de una estructura societaria internacional diseñada para impedir su rastreo.

El juez atribuye a Zapatero el cobro de casi dos millones en comisiones

En cuanto a los beneficiarios finales, la orden establece, Análisis Relevante habría enviado 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefavde modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Relevant Analysis -provenientes de Plus Ultra, Prospective Intelligence, Softgestor y Grupo Aldesa- acabaron en el círculo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que las sociedades del Grupo de cabezas pensantesvinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habría enviado 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.

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