VALLADOLID 20 de mayo. (PRENSA EUROPA)-

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha calificado de «irresponsabilidad política» y un «mensaje profundamente equivocado» para ciudadanos y agentes las declaraciones del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, en las que negó la existencia de bandas latinas en Valladolid.

A través de un comunicado, la organización mayoritaria de la Policía Nacional ha mostrado su «profunda preocupación» por estas palabras y ha alertado sobre el aumento de delitos graves y violentos, así como la «ampliación y auge» de grupos juveniles organizados en Castilla y León que «utilizan habitualmente armas blancas de gran calibre y machetes».

El sindicato recordó que el último incidente ocurrido en Las Moreras se saldó con varios jóvenes heridos y que el pasado mes de febrero la capital vallisoletana registró otro hecho violento con un muerto en la calle Democracia.

Para hacer frente a esta situación, Jupol ha reclamado «urgentemente» un aumento de la plantilla de la Policía Nacional en Valladolid y la dotación de «medios materiales adecuados», entre los que ha destacado la necesidad de chalecos antibalas y anticorte texturizados de uso individual, y dispositivos de control electrónico (pistolas Taser) para todas las radiopatrullas.

Asimismo, la organización ha reclamado a la Dirección General de la Policía que cree e implemente protocolos «claros y específicos» de actuación policial contra las bandas juveniles violentas, especialmente en las intervenciones en las que hay miembros menores de edad, «con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y operativa de los agentes».

Finalmente, el sindicato ha reiterado la necesidad «urgente» de reconocer oficialmente la profesión de riesgo para la Policía Nacional y ha trasladado su apoyo y reconocimiento a los policías que intervinieron en la trifulca de Valladolid, cuya rápida actuación evitó consecuencias más graves.

La entidad ha concluido que la seguridad ciudadana debe situarse «por encima de los discursos políticos y que la población tiene derecho a conocer la realidad de estos fenómenos violentos».