Él orden del juez José Luis Calama en el que acusa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Recoge muchas pistas. Pero, en España, demostrar que efectivamente hubo tráfico de influencias es complicado. Tendría que haber pruebas de que Zapatero ejerció ese poder sobre el Consejo de Ministros, que es el que decidió rescatar a la aerolínea Plus Ultra.

Lo que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para que se confirme el delito de tráfico de influencias es que la persona que se encuentra en una posición de superioridad ejerce influencia directa contra un funcionario adoptar una resolución específica que también es injusta.

Y esa es precisamente la cuestión clave en el caso que afecta al expresidente. ¿A quién habría presionado Rodríguez Zapatero? ¿Como? ¿Cuando? ¿Dónde? Y hay que tener en cuenta que la gestión del rescate de Plus Ultra corrió a cargo de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), pero fue aprobado definitivamente en marzo de 2021 por el propio Consejo de Ministros.

En España, de hecho, No hay muchas condenas por tráfico de influencias, incluso con pruebas muy contundentes en algunos casos.. Un ejemplo es el de Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana y exlíder del PPCV. La Justicia incluso mantuvo conversaciones con Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, en las que le dijo que era su «amigo del alma», que quería «un huevo», y, sin embargo, no se pudo acreditar que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana presionara a un funcionario concreto para adjudicar las empresas de este empresario.

Otro caso es el de la mina de Aznalcóllar en el que no se demostró relación directa y la Audiencia Provincial de Sevilla acabó absolviendo a los 16 acusados ​​de amañar el concurso de adjudicación.

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