El Gobierno sigue incrementando la presión fiscal sobre las empresas y disparando la recaudación tributaria a través del Impuesto sobre Sociedades. Así, la recaudación de este impuesto ha aumentado un 60% en los últimos cinco años, situándose a cierre de 2025 -último ejercicio fiscal completo- por encima de los 42.000 millones de euros, 15.639 millones de euros más en apenas cinco años, convirtiéndose en el tercer impuesto en recaudación del sistema tributario, que se une a los 142.466 millones de euros que ha sumado la recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo que supone un incremento del 10,1% respecto al año anterior, y 99.532 millones por IVA, en un contexto en el que los ingresos tributarios totales del Estado crecieron un 10,4%.

Así lo han confirmado los expertos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), que han analizado las principales figuras del impuesto de sociedades y las novedades aplicables en esta campaña y la próxima, como el aumento del porcentaje de reducción de la reserva de capitalización del 15% al 20%, llegando hasta el 30% si el empleo aumenta de un año a otro, siempre que el incremento se mantenga durante tres años, así como la reducción de tipos para las micropymes o la libertad de amortización para la compra de una vivienda. vehículo eléctrico.

Los economistas de la REAF han lamentado que los datos del Impuesto sobre Sociedades «se ponen a disposición del contribuyente muy tarde» y que el modelo de liquidación se publica muy cerca de la fecha de presentación, lo que dificulta el trabajo tanto al propio contribuyente como a los asesores fiscales. Asimismo, preocupa la falta de criterios «establecidos» para las operaciones de reestructuración, que pueden llevar a muchas empresas a la «arruina» si finalmente no encuentran protección. El presidente de la REAF, Agustín Fernández, ha subrayado que «a la hora de presentar el Impuesto sobre Sociedades es fundamental aplicar correctamente los beneficios fiscales y los ajustes oportunos como la libertad de amortización o las operaciones a plazo, ya que, si no se ejercen al presentar la declaración, se pueden perder», ya que se interpreta por los tribunales que son «opciones que sólo se pueden ejercer en ese momento».

Los economistas han recordado que las pymes deben «planificar operaciones para reducir la factura fiscal, como adelantar inversiones o gastos en 2026 o aplazar ingresos a periodos impositivos posteriores» en un contexto de tipos impositivos más bajos, por lo que, «un año más, los grupos que consoliden sólo podrán compensar en un 50% las bases imponibles negativas de las entidades del grupo». Sin embargo, celebran que “para 2026 aún no se ha ampliado esta limitación”.

Los expertos de la REAF han comentado 25 recomendaciones encaminadas a mejorar la planificación fiscal y optimizar la tributación dentro del marco legal actual, además de exponer algunas tendencias relevantes en el comportamiento de los contribuyentes, como la progresiva pérdida de atractivo fiscal de los planes de pensiones, cuyo uso sigue disminuyendo en los últimos años. Se prestó especial atención a la existencia de determinadas magnitudes impositivas que llevan años sin actualizarse, lo que provoca «distorsiones en la tributación efectiva de los contribuyentes», tanto en el IRPF como en las empresas, especialmente en las más pequeñas.

Como ejemplo, señalaron el límite absoluto libre de impuestos del bono de transporte (fijado actualmente en 1.500 euros/año) que debería superar los 2.100 euros, el bono de comida (11 euros/día) que debería rondar los 14 euros, o el importe de manutención, que actualizado debería ser de 38 euros, en lugar de 26,27 euros. «Estos límites no han sido revisados ​​en consonancia con la evolución económica, lo que reduce su efecto real en la fiscalidad», afirman los expertos, que denuncian que en la mayoría de los casos se han mantenido por debajo de referencias como el salario mínimo.

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha advertido de «la inseguridad que genera que estas prórrogas se articulen a través de reales decretos, ya que algunas de ellas no quedan convalidadas, lo que genera dudas y confusión, hasta que los beneficios fiscales sean finalmente aprobados por el Parlamento». Por su parte, Fernández ha advertido, una vez más, que «los recientes criterios administrativos sobre el régimen FEAC (Régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social) pueden generar inseguridad jurídica, dificultar las reorganizaciones empresariales incluso cuando tengan motivos económicos válidos y aumentar los litigios».