El La obra pública empieza a avanzar a paso lento en España. Ante el fenomenal aumento de precios provocado por el conflicto de Oriente Medio, las empresas han comenzado a ralentizar algunos proyectos a la espera de que la situación mejore y los costes bajen dado que las administraciones no parecen dispuestas a aprobar un mecanismo de revisión como solicita el sector, según fuentes del sector conocedoras de la situación.

Algunas empresas lo que están haciendo en determinados proyectos es reducir al mínimo su actividad, según las mismas fuentes. De esta forma, añaden, evitan tener que parar el proyecto por completo, lo que implicaría trámites administrativos más complejos para las empresas.

El aumento de los precios ha hecho que la situación se haya vuelto especialmente delicada para aquellas empresas que ejecutan contratos de carreteras. Los precios del betún y las emulsiones asfálticas se han disparado casi un 50% desde el inicio de la guerra en Irán, según datos de la asociación de grandes empresas constructoras Seopan. Su presidente, Julián Núñez, llegó a cuestionar a finales de abril la viabilidad de muchos de estos proyectos a los precios actuales. «Dudo que se hagan muchas obras de pavimentación con estos precios del betún. Es muy difícil que una empresa pueda asumirlos si el precio del betún, que representa el 80% del presupuesto, ha crecido un 50%. Es imposible, está en quiebra», afirmó el directivo.

Pero el material asfáltico no es el único que ha sido destruido por la guerra. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) asegura que La mayoría de empresas del sector han experimentado incrementos de costes superiores al 15% como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

Específicamente, Más del 60% de las constructoras ha registrado subidas superiores al 20% en los precios de los combustibles y una de cada cuatro sitúa este incremento por encima del 30%, según una reciente encuesta de la patronal, que asegura que la guerra está teniendo un impacto medio o alto en el 90% de las empresas del sector.

Los costos de energía se suman al costo del combustible. El 85% de las empresas consultadas afirma haber sufrido subidas del coste de la electricidad de hasta el 20%Una situación especialmente preocupante para aquellas actividades intensivas en el uso de maquinaria, tanto en obras públicas como en construcción residencial, donde la energía representa aproximadamente el 40% de los costes de producción, añade la patronal.

Pese a los elevados sobrecostes que está provocando el conflicto, la CNC asegura que El 80% de las constructoras las han asumido íntegramente ante la imposibilidad de renegociar costes. Según la CNC, sólo El 3% de las empresas ha conseguido reequilibrar los contratos firmadosmientras que un 15% se encuentra actualmente en proceso de renegociación y un 56% afirma haber intentado revisar las condiciones sin éxito.

La patronal asegura que el impacto también comienza a trasladarse al empleo, hasta el punto de que el 22% de las empresas constructoras se plantean reducir plantilla como consecuencia del incremento de costes. Y entre quienes descartan esta posibilidad, el 60% admite que la escasez de mano de obra es la principal condición.

Dejar el trabajo es más conflictivo, por eso optan por «servicios mínimos»

El hecho de tener que asumir estos sobrecostes con cargo a sus resultados está empezando a tener un impacto directo en la actividad del sector. El 56% de las empresas reconoce que ya ha reducido su actividad o se plantea hacerlo próximamente.

Los resultados de la consulta han llevado a la patronal de la construcción a exigir una vez más una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación excluir de su aplicación a los contratos públicos y permitir mecanismos automáticos de revisión de precios. Una reclamación que, de momento, ha caído en saco roto y que no ha recibido respuesta del Gobierno, que, sin embargo, ha autorizado a la empresa pública Tragsa y a su filial Tragsatec a aplicar revisiones de precios excepcionalmente debido a la guerra.

Según informa LA RAZÓN, según consta en una resolución de 24 de abril de 2026 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 28 de abril, el Ejecutivo ha autorizado a Tragsa y su filial a actualizar sus precios en dos circunstancias: siempre que las desviaciones que se produzcan respecto de la tarifa aprobada para cada tipo de materiales, presenten una variación, al alza o a la baja, superior al 20%» y en los casos en los que existan licitaciones desiertas