La cifra en relación a la educación que destacamos este lunes en laSexta es la de 72,6 millones de euros de dinero público que los Gobiernos valenciano de Mazón y ahora de Pérez Llorca se habrían comprometido a financiar colegios del Opus Dei, centros que segregan al alumnado por sexo, algo que es ilegal, según han denunciado desde Compromís, que han avisado de que si no dan marcha atrás acudirán a los tribunales.

En este sentido, la coalición ha señalado que el Consell ha renovado hasta 2031 los convenios educativos de siete colegios vinculados al Opus Dei que, aunque «intentan justificar artificialmente» que no segregan por sexo, en la práctica continúan separar a los estudiantes entre niños y niñas. Así lo han afirmado este lunes en rueda de prensa el defensor del Pueblo de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví, y el portavoz de Educación, el diputado Gerard Fullana, que han denunciado la «mala práctica» en la política educativa del Gobierno valenciano.

Así, han manifestado que los datos requeridos por Compromís a través del parlamento, y ofrecidos por el propio Ministerio de Educación, reflejan que estos siete centros cuentan actualmente con 4.347 alumnos, de los que 3.951 continúan escolarizados en dinámica de segregación sexuallo que significa 91% del alumnado total.

«Su ‘modus operandi’ consiste en mantener formalmente una matrícula mixta para aparentar que cumplen la ley, pero luego presionan a las familias del sexo que no quieren admitir para que cambien de centro. En algunos casos, parece que sólo se ha matriculado un niño o una niña en las fases de ingreso para intentar justificar artificialmente que no segregan», han subrayado.

Baldoví ha señalado al respecto que todo ello se produce en momentos en que miles de familias afrontan el proceso de matrícula para el próximo curso escolar y en un contexto ante una convocatoria de huelga indefinida del profesorado no universitario, que cuenta con un «muy amplio consenso» de la comunidad educativa. «Apostamos por una educación pública de calidad, pero también por informar cuando hay escándalos«, afirmó el Defensor del Pueblo de la coalición en Les Corts, que considera que esto Los conciertos educativos son «muy serios»..

De esta forma, Baldoví ha denunciado que los dos últimos presidentes de la Generalitat del PP, Carlos Mazón y Juanfran Pérez Llorca, han «mantenido y renovado» los conciertos servicios educativos a estos siete colegios vinculados al Opus Dei. «Estamos hablando de 72 millones de euros en seis años a escuelas que están separando a niños y niñas», criticó, al tiempo que aseguró que Compromís no se va a quedar «de brazos cruzados» ante esta situación.

Para Baldoví, «esta ilegalidad tiene nombres y apellidos»que son los de la actual ministra de Educación, Carmen Ortí, que el año pasado renovó los conciertos hasta 2031 como subdirectora de planificación educativa. «Él es juez y parte», afirmó.

Sin embargo, también ha señalado a la «inefable consejero del camarón»José Antonio Rovira, que ahora es responsable de Hacienda: «Dice que no hay dinero para la educación pública«Para el profesorado, pero sí dice que hay una para estos centros concertados que incumplen la ley». Además, también ha cargado contra el ‘expresident’ Carlos Mazón y el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca: «Todos ellos son cómplices de esta trama», ha censurado.

Por su parte, el diputado Gerard Fullana, que ha destacado que esta nueva denuncia de Compromís «da sentido a la labor de control de los partidos políticos», ha reprochado al Consell que diga que no tiene dinero para negociar con la comunidad educativa mientras «aprueba por separado 72 millones para los centros educativos que creen en la educación». En su opinión, esta situación tiene un trasfondo «enorme» que desvela los valores del Gobierno valenciano.

En este punto, Fullana ha detallado que esta investigación se inició el pasado verano a raíz de una Denuncia de familiares que fueron «presionados» por uno de estos centros para que su hijo lo abandonara «por cuestiones de género». Ante esta situación, la coalición solicitó una serie de documentación al Departamento de Educación y cuenta con un informe jurídico que demuestra «ilegalidades evidentes» en este asunto.

Para Fullana se trata de un asunto de «extrema gravedad»y ha acusado a algunos centros de intentar «persuadir» a las familias de modo que acaban saliendo del centro diciéndoles que su hijo o hija estará “solo” en una clase del sexo opuesto. En otros casos, ha deslizado, optan por mantener privada la matrícula de los tres años, desde entonces la segregación «es legal».

Ante esta situación, Compromís ha presentado este lunes una orden judicial preliminar recuperar la legalidad y el dinero público y aplicar «lo que dice la ley», en la línea de la «buena fe»: «Lo primero que hacemos es pedir que se restituya antes de acudir a cualquier tribunal».

Una violación de la ley «clara y evidente»

El diputado de coalición, que ha acusado al Consell de intentar «ocultar» esta situación, ha insistido en que con estos casos la vLa violación de la ley educativa estatal es «clara». «Y evidente» y que el departamento de Campanar ahora dirigido por Carmen Ortí «tenía conocimiento». «No entendemos que el curso escolar 2026/2027 pueda empezar con estos centros», ha afirmado Fullana, que ha pedido «aplicar las sanciones correspondientes» a estos centros. También ha preguntado «qué hacen sus coordinadores de igualdad», figura que están obligados a tener.

Para el parlamentario, resulta «paradójico» que los dos «máximos responsables» de esta «corrupción» sean José Antonio Rovira y Carmen Ortíeste último una persona «muy vinculado a los postulados religiosos del PP Y colocado allí no es casualidad». Mientras tanto, sobre Rovira, ha afirmado que no sabe si hay «más motivos» para que dimita tras su gestión de la dana. En su opinión, ninguno de los dos debería continuar en el cargo.

Reacción del Ministro de Educación

Por su parte, la ministra de Educación, Carmen Ortí, ha respondido que lo que marca la ley estatal es que no se debe segregar a los estudiantes «por sexo» y ha defendido que en la Comunidad Valenciana existe un proceso de admisión que garantiza la «igualdad de oportunidades para todas aquellas familias que soliciten una plaza escolar para sus hijos en centros educativos».

En este caso, ha sostenido que esa respuesta está «segura y garantizada» porque las familias que han solicitado matricularse en esos centros «independientemente de su género, siempre que hayan obtenido la puntuación correspondiente, al ser un procedimiento de concurso, quedan matriculadas en esos centros». «El proceso de admisión es telemático, donde No puedes rechazar ningún tipo de solicitud.«, aseguró.

Por ello, ha indicado que las familias que han solicitado la matrícula en estos centros, «si han cumplido todas las puntuaciones correspondientes, tienen plaza en esos centros». «Está plenamente garantizado el derecho de las familias a poder hacerlo», concluyó.

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