En otras palabras, ¿qué Ministros del Gobierno de Sánchez José Luis Rodríguez Zapatero pudo asistir a finales de 2020 para allanar el camino a la aprobación del expediente de ayudas por 53 millones a Plus Ultra.

Había muchas condiciones que debían cumplir las regulaciones de la Fondo de Solvencia SEPI. Para tapar todos los flecos, todo apunta a tres rutas principales: Hacienda, con María Jesús Montero. al frente y del que depende la entidad empresarial del Estado; el Ministerio de Seguridad Social, en manos de José Luis Escrivá; o la cartera de Desarrollo José Luis Ábalosde la que depende la Aviación Civil.

Por supuesto, también existe una cuarta vía que reúne todas las demás: acudir directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchezpara pedir ayuda para salvar una empresa que fue catalogada como estratégica por los vuelos que mantenía con América Latina.

«El transporte aéreo en España constituye un sector estratégico por su aporte al turismouno de los principales motores económicos del país. En este sentido, Plus Ultra es una aerolínea de nicho que opera vuelos de larga distancia a países de América Latina (especialmente, Ecuador, Perú y Venezuela),», explicó entonces el Gobierno para justificar la ayuda.

Había un contexto internacional que respaldaba esta cuestión: se había concedido una ayuda mucho mayor (a veces miles de millones de dólares) a otros países. 16 aerolíneas, la mayoría de ellos europeos, que estuvieron a punto de quebrar y causar mayores daños a sus economías locales.

Fuentes familiarizadas con esas deliberaciones aseguran que trampa del carácter estratégico de la empresa fue clave desde el principio. Pero la situación internacional y la necesidad de recuperar el motor turístico a cualquier precio jugaron a favor de Plus Ultra para obtener esa calificación.

Los informes necesarios para llegar a esa conclusión se encargaron varias empresas consultoras y fueron corroborados por los técnicos de la SEPI encargados de investigar el expediente. Según el auto, se realizó la coordinación. José Ángel Partearroyo Martín, director de Participada IV de la SEPI.

Si fuera necesario, en las reuniones en las que se discutió la ayuda de hasta seis compañías aéreas diferentes, podría conectarse en línea o estar presente alguien responsable de Ministerio de Desarrollo, dado que no había nadie en el consejo de gobierno que lo representara.

Las fuentes consultadas aseguran que el entonces Secretario de Estado, Pedro Saura, Incluso se conectó a algunas de esas reuniones, pero no estuvo en la que otorgó las ayudas a Plus Ultra.

La SEPI estaba controlada entonces (en plena pandemia) por el vicepresidente y director de operaciones, Bartolomé Lora. Pero su dependencia era directa Ministerio de Hacienda y Función Pública, Dirigida por María Jesús Montero.

El nombre de la exministra no aparece en el auto del juez, aunque su ministerio, al que está adscrita la SEPI, fue el que aprobó el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).

El expediente Plus Ultra fue uno de los que más fue revisado por el Consejo Gestor del Fondo de Solvenciaa pesar de no ser uno de los más pequeños entre todos los que tenían sobre la mesa.

La demanda entonces vigente ante el juzgado de instrucción número 15 de Madrid y las grandes dudas sobre la viabilidad y el carácter estratégico de una aerolínea con muy pocos vuelos a Latam, rodearon de polémica el caso.

El Gobierno siempre ha asegurado que, en el momento de la aprobación, se cumplían las trece condiciones exigidas para cada caso, aunque en algunas de ellas se habían solicitado prórrogas a los técnicos.

La parte de Ábalos

Llegó el consejo archivo completado por la Dirección General de Empresas Participadas con todos los informes de los consultores contratados para el caso y de los organismos estatales que supervisaban la navegación y la seguridad aérea.

Una de las claves que más monitorearon los integrantes del máximo órgano de decisión de la FASEE, antes de que los expedientes llegaran a la Consejo de Ministrosfue precisamente el personaje de operador aéreo certificado que Plus Ultra debería tener.

En este caso se exigía el certificado tipo A, que acreditaba que la compañía tenía la suficiente capacidad técnica y profesional, así como el número de aviones necesario para realizar vuelos comerciales de largo recorrido.

El auto de la Audiencia Nacional muestra cómo los responsables de Plus Ultra estaban preocupados, el 24 de enero de 2021 (dos meses antes de lograr las ayudas), por «lo del Certificado de Operador Aéreo (AOC)». Como respuesta, Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, les informa de «una reunión con Ábalos para ese tema».

Cuando se abra el sumario del caso y se avance en la instrucción se podrá confirmar si esa reunión tuvo lugar o no. Pero lo que está claro es que a la mesa del Consejo Gestor del Fondo llegó un expediente en el que constaba el informe de la Dirección General de Aviación Civil sobre la certificación.

Es más, el documento judicial asegura que, un mes más tarde, se data el informe realizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), solicitado por SEPI sobre la situación económica-financiera de Plus Ultra Líneas Aéreas.

Eran los dos documentos preceptivos que se necesitaban para dar el visto bueno al expediente, apenas un mes más tarde (marzo de 2021) y que los 53 millones llegaran a las arcas de la aerolínea.

Cita con Escrivá

La tercera vía por la que el Grupo Zapatero podía cubrir un déficit para cumplir las condiciones del expediente era deuda con la seguridad social. Había casi medio millón de euros de impagos a finales de 2019 y la penúltima de las trece condiciones básicas a cumplir lo prohibía terminantemente.

Era un tema complicado para la aerolínea, dada su delicada situación financiera. De hecho, el coche revela una reunión entre el entonces Ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriváy Zapatero, el 7 de septiembre de 2020, apenas seis días después de haber presentado oficialmente la solicitud inicial de rescate a la SEPI.

También es relevante que fue un mensaje de Koldo García a su entonces jefe y Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el que se descubrió en esta reunión, confirmaron por otra parte desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este mismo jueves.

En este caso, las rutas del Desarrollo y la Seguridad Social se cruzan. El auto refleja incluso cómo «del análisis de las pruebas extraídas de la agenda de Koldo García Izaguirre, está programado y confirmado la celebración de un almuerzo entre José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero».

El caso es que el expediente Plus Ultra contemplaba una aplazamiento de deuda con la Seguridad Social, necesaria y suficiente para solventar la condición de estar al corriente en el pago de cuotas.

El propio Ministerio asegura que «la cifra del aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social es una herramienta común que muchas empresas solicitan en momentos puntuales, y que durante la pandemia del Covid se utilizó de forma más intensiva.

Incluso si acudimos al informe de auditoría sobre las ayudas de la Fondo de Solvencia creado por el Tribunal de Cuentas, Uno de los anexos explica cómo los responsables de prestar las ayudas aceptaron este tipo de instrumentos menos laxos para ayudar a empresas que, de otro modo, podrían desaparecer por el golpe económico de la pandemia.

El interrogatorio a Zapatero del próximo 2 de junio aclarará también todas las incógnitas sobre los posibles medios de influencia que podría haber utilizado hace cinco años con Plus Ultra. El juez ha bloqueado sus cuentas, lo que indica que falta mucha información.