La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo escuchará hoy a todas las partes implicadas antes de tomar la decisión de paralizar o no temporalmente la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 inmigrantes que el gobierno aprobó en abril. Entre los que buscan la suspensión se encuentran Vox, la Comunidad de Madrid, Hazte Oír, la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Libertad y la Justicia. Las partes convocadas a la audiencia consideran que la regularización podría tener un fuerte impacto en la servicios publicos y en el gestión administrativa de una determinada autonomía.

Desde la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sostiene que la medida Afecta “gravemente” la prestación de servicios públicos y denuncia que no se han articulado mecanismos suficientes de financiación o provisión de recursos. Además, sostiene que esto podría “contravenir” la normativa europea y afectar a la seguridad.

Voz Fue uno de los más severos contra la iniciativa. tu jefe Ignacio Garriga aseguró que esta regularización supone “la legalización e institucionalización de la invasión migratoria” y lanza «el mensaje de que venir y llamar a la puerta tiene premio en España».

Hazte escuchar También solicitó a la Corte Suprema suspender temporalmente el decreto considerando que “modifica estructuralmente la política migratoria del estado, con efectos directos y duraderos”.

El Gobierno defiende que paralizarlo perjudicaría el interés general

Ante estas peticiones, el Ministerio Público defenderá hoy ante el Tribunal Supremo que no se suspenda la medida. Según el memorando de alegatos presentado por el Ejecutivo, una sentencia tendría impacto “impacto directo sobre los derechos de los extranjeros interesados ​​y por tanto sobre el interés general”. El Gobierno considera que esta regularización extraordinaria beneficiará a unas 500.000 personas: alrededor de 250.000 solicitantes de asilo y otras 250.000 personas en situación irregular, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La audiencia estaba originalmente programada para el 13 de mayo, pero tuvo que posponerse debido a necesidades del servicio. Mientras tanto, el Tribunal Supremo ya ha solicitado al Ministerio de Presidencia el expediente administrativo completo del real decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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