El empresario de alojamiento turistico Se plantean reclamar al Estado una importante indemnización por el daño que, a su juicio, les ha causado el Registro Único de Arrendamientos de Corta Duración, anulado el pasado jueves por el Tribunal Supremo.

Como consecuencia de esta decisión judicial, derivada del recurso interpuesto en su momento por la Generalitat Valenciana, la asociación nacional de alquileres de corta duración (Fevitur) este analizando reclamaciones patrimoniales contra el Estado que podrían alcanzar los 160 millones de euroscomo se destaca en un comunicado de prensa.

Según las estimaciones manejadas por la patronal, las revocaciones, bloqueos y problemas derivados del número de registro estatal han supuesto de media una coste de 33.000 euros por propietario afectadoentre pérdida de reservas, gastos adicionales, inseguridad operativa y barreras de comercialización.

«No hablamos de una cuestión teórica ni de un simple matiz jurídico: hablamos de miles de familias y empresas que, cumpliendo todas las normativas autonómicas, han visto limitada o bloqueada su capacidad de operar por un modelo que el Tribunal Supremo acaba de tumbar», según Silvia Blasco, presidenta de Fevitur y Apturcv.

Para la organización, la sentencia confirma «lo que el sector viene alertando desde hace meses: el problema nunca fue la transparencia, la digitalización o el intercambio de datos que exige Europa. El problema fue construir una arquitectura estatal expansiva, jurídicamente frágil y contestable, utilizando como argumento un Reglamento europeo que nunca exigió la creación de un registro estatal paralelo ni la recentralización de competencias», según la denuncia.

Invasión de poderes

La patronal explica en su nota que el Reglamento europeo 2024/1028 tenía un objetivo claro y acotado, que era mejorar la calidad de los datos de los servicios de alquiler de corta duración y facilitar la cooperación administrativa entre los Estados miembros y las plataformas digitales, algo con lo que Fevitur está plenamente alineado. Este reglamento trata de la interoperabilidad, la coordinación administrativa y la trazabilidad de la información. Sin embargo, «el modelo español optó por superponer un macroprocedimiento de registro a las estructuras autonómicas ya existentes, introducir un doble control sobre las actividades ya registradas y utilizar el número estatal como filtro de acceso a las plataformas digitales», detalla.

En la práctica, señala Fevitur, “miles de viviendas de uso turístico inscritas legalmente en registros autonómicos, pagando impuestos y sujetas a inspección, vieron condicionada su capacidad de funcionamiento por criterios registrales e incidencias ajenas al ámbito turístico. El sistema transfirió a los Registradores de la Propiedad una función habilitadora que iba mucho más allá de la mera identificación administrativa: verificaban cuestiones urbanísticas y administrativas que condicionaban la validez del número y determinaban si una vivienda podía o no comercializarse por internet”.

Este esquema, como concluye, «ha generado inseguridad jurídica, retrasos, costes adicionales y alteración de las condiciones de competencia entre operadores que cumplían exactamente las mismas obligaciones autónomas. Y todo ello envuelto en una narrativa política que atribuía al alquiler de corta duración la responsabilidad directa de la crisis de acceso a la vivienda», concluye.