La Corte Suprema se ha negado a paralizar provisionalmente el regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno, tal y como solicitan la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior ha tomado esta decisión tras celebrar cinco audiencias en las que ha escuchado los argumentos dels cinco solicitantes -el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia- y el Gobierno, que ha pedido no frenar la medida.

Según la Sala, tras más de tres horas de deliberación, también ha rechazado admitir a trámite los recursos de Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, al considerar que No tienen derecho a impugnar la medida ante el Tribunal..

Sí ha admitido la legitimación de Vox y la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado la suspensión cautelar del real decreto que instaban. Sus argumentos se conocerán en los próximos días cuando se notifiquen los respectivos autos judiciales.

El real decreto de regularización entró en vigor el 16 de abril con el objetivo de dar permisos de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país. Hasta este jueves, El Ejecutivo ha recibido 549.596 solicitudesde los cuales 91.505 han sido admitidos a trámite, lo que supone la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.

De este modo, La Sala responde únicamente a la solicitud de medidas cautelares de la Comunidad de Madrid y Voxya que rechaza la legitimación de las asociaciones para recurrir el real decreto. Fuentes de Hazte Oír han informado a ‘EFE’ que la entidad recurrirá tanto esta decisión como la denegación de la medida cautelar «por el grave riesgo que supone no admitir esta medida con urgencia».

Durante la vista, la Abogacía del Estado ya había puesto en duda la legitimación de las entidades al considerar que la mera atribución en sus estatutos de principios como la defensa del orden jurídico o valores constitucionales no era suficiente para demostrar un interés concreto en este proceso.

Madrid habla de «colapso» de los servicios públicos

Entre otros argumentos contra la medida extraordinaria, los recurrentes han asegurado este viernes ante el Tribunal Supremo que es contrario a la legislación nacional y europea y podría provocar un colapso de servicios públicos como la sanidad, todo lo cual ha sido desmentido por el Ejecutivo.

La Comunidad de Madrid ha puesto el foco en los efectos que tendrá este proceso en los servicios públicos, ya que el Gobierno regional estima que sólo en esta comunidad se beneficiarán 255.00 personas, y Vox ha advertido de un Conflicto «brutal» con el Pacto Europeo sobre Migración y Asiloque entrará en vigor el próximo mes de junio.

Y para justificar la adopción de las medidas cautelares que habían solicitado, han asegurado que el otorgamiento de autorizaciones provisionales Mientras se resuelven las peticiones, se iba a crear «derechos consolidados» que luego no sería posible revertir.

El abogado del Estado, por su parte, ha defendido la medida para lograr la integración de las personas que ya se encuentran en España a través de un proceso «especialmente limitado» que tendrá efectos positivos a medio y largo plazo sobre el crecimiento del PIB, para lo que se ha basado en informes del Defensor del Pueblo y del Consejo Económico y Social.

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