El cálculo del empleador estima la daño económico causado debido a las revocaciones, bloqueos y problemas derivados del establecimiento obligatorio del número de registro estatal, lo que habría supuesto una factura media de 33.000 euros por propietario afectado entre pérdida de reservas, gastos adicionales que han tenido que asumir, inseguridad operativa y barreras de comercialización. A la luz de las cifras aportadas por la patronal, el universo de afectados que podrían reclamar la responsabilidad financiera del Estado por los costes asociados a este registro rondaría los 5.000.

En opinión de Javier Valentín, vicepresidente y asesor jurídico de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, «los propietarios a los que se les denegó la inscripción en el Registro de la Propiedad, a pesar de cumplir los requisitos para estar en los registros autonómicos, han todo el derecho a reclamar daño económico derivado de no haber podido poner sus viviendas en plataformas de alquiler turístico con exigencias de responsabilidad patrimonial por parte del Estado”, ya que llevan nada menos que siete meses sin poder ofrecer sus viviendas en las plataformas debido a una legislación estatal que ha sido declarada ilegal.

Pero ésta es sólo una cara de la cuestión. La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional ya ha enviado escritos al Colegio de Registradores y al Ministerio de Justicia para instarles a devolver de oficio las tasas que los propietarios han tenido que pagar en los últimos meses, tanto para cumplir con el requisito impuesto por el Ministerio de Vivienda de inscribirse en el Registro de la Propiedad, a razón de 32,77 euros por cada una de las más de 400.000 solicitudes que se tramitaron según fuentes del sector; así como por la inscripción de la actividad anual de cada vivienda, a razón de 32,73 euros por cada uno de los 299.531 números de registro únicos controlados por el Estado. Fuentes del sector estiman que, en cifras redondas, los registradores habrían ganado unos 20 millones de euros por estos honorarios desde que se activó el registro estatal ahora revocado. Los propietarios exigen ahora que se les devuelva el dinero.

Pese al revés judicial y al potencial coste económico que puede tener para el Estado, el Ministerio de Vivienda consideró este jueves acertada la medida, porque a su juicio ha permitido que «afloren 111.000 contratos de alquiler ilegales», a los que se les ha cerrado la ventana de las grandes plataformas de alquiler turístico. La catedrática de Derecho Administrativo de Cunef, Blanca Lozano, que lleva meses advirtiendo de los riesgos jurídicos y económicos de seguir adelante con esta norma, opina diferente. «El Gobierno debería prestar atención a las recomendaciones y observaciones realizadas por el Consejo de Estado para evitar estas situaciones, que no sólo generan inseguridad jurídica sino que perjudican a los ciudadanos».