La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha reactivado una tendencia cada vez más habitual en parte de la izquierda española consistente en identificar cualquier investigación judicial que afecte a sus dirigentes con una operación de «lawfare». Por ello resulta pertinente recordar el origen del caso. La causa no se originó en una denuncia de Manos Limpias, como afirmó la portavoz del Gobierno. La investigación partió de una comisión rogatoria internacional remitida desde Francia y Suiza, vinculada a movimientos de fondos presuntamente procedentes de Venezuela y a posibles operaciones de blanqueo relacionadas con el rescate de Plus Ultra. Y fue a partir de ahí cuando la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF incorporaron elementos societarios, financieros y patrimoniales que ampliaron las diligencias.