Un tribunal indonesio ha condenado Tres años y medio de prisión para el capitán del barco turístico que se hundió el pasado mes de diciembre en el Parque Nacional de Komodo con una familia española a bordo, suceso en el que murieron cuatro personas y sólo sobrevivieron una mujer y un menor.

La sentencia, dictada este lunes por un tribunal de Labuan Bajo, prevé también una pena de dos años y medio de prisión contra el maquinista jefe del barco por un delito de negligencia. Según la investigación policial, en el momento del accidente no estaba el capitán al mando del timón, sino el maquinista jefe, que no tenía la licencia necesaria para navegar.

Al leer la resolución, los magistrados enfatizaron que el capitán había delegado la navegación en otra persona, al tiempo que enfatizaron que la responsabilidad seguía siendo exclusivamente suya. Además, el tribunal considera probado que los pasajeros no estaban suficientemente informados sobre las medidas de seguridad ni sobre el uso de chalecos salvavidas.

Los jueces también concluyeron que la tripulación no prestó suficiente asistencia cuando el barco comenzó a hundirse. Una versión que ya ha sido defendida durante el juicio por Andrea Ortuño, superviviente del naufragio con una de sus hijas, quien declaró por videoconferencia que Los miembros de la tripulación ‘nunca ayudaron’ a su marido y a sus hijos muertos y que “en ningún momento” se les explicaron los protocolos de seguridad.

El barco turístico KM Putri Sakinah hundido el 26 de diciembre frente a la isla de Padaren las aguas del Parque Nacional de Komodo. Tras más de dos semanas de búsqueda, los equipos de rescate encontraron los cuerpos de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del Valencia CF Femenino B; uno de sus hijos; y una hija de Andrea Ortuño. Nunca se encontró a otro menor ni a una excónyuge del sobreviviente.

La declaración familiar

Tras conocer el veredicto, los familiares de las víctimas emitieron un comunicado afirmando que afrontan este momento «con una mezcla de emociones». Expresan su “tranquilidad” al señalar que la investigación sacó a la luz una serie de irregularidades “que estaban completamente fuera de su conocimiento y control”.

Familias Evitan evaluar directamente las sanciones impuestas, al tiempo que enfatiza que “ninguna resolución traerá de vuelta a aquellos que hemos perdido”. Consideran importante aclarar que, tal como demostró el juicio, “no se tomaron medidas de seguridad adecuadas antes, durante o después de los hechos”.

Las familias consideran que ahora corresponde a la justicia seguir examinando las responsabilidades derivadas de la investigación, en particular quienes contrataron personal supuestamente no calificado y quienes permitieron que el barco operara en estas condiciones.

Exigen que la empatía y el respeto hacia las víctimas y sus familiares sigan tomando protagonismo y destacan que, según ellos, la resolución judicial «podría haber sido más firme» en relación con algunos de los hechos probados durante la investigación.

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