MADRID 27 de mayo. (PRENSA EUROPA)-

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos ha expulsado a miles de cubanos sin el debido proceso y «dejando a muchos indefensos, sin acceso a servicios básicos», utilizando además a México «como vertedero de personas que no pueden ser deportadas a sus países de origen», declaraciones surgidas de las conclusiones de un extenso informe sobre los abusos cometidos contra cubanos durante más de un año.

«‘Nos abandonan a nuestra suerte’: cubanos y ciudadanos de otros terceros países deportados de Estados Unidos a México» es el título de un informe de 66 páginas que documenta los abusos del Gobierno estadounidense contra cubanos y ciudadanos de otros terceros países deportados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026.

La situación de estas personas es tal que la investigadora de HRW Alcira Silva Hava ha alegado que «la Administración Trump está utilizando a México como vertedero de personas que no puede deportar a sus países de origen, incluidos muchos cubanos que han vivido en Estados Unidos durante décadas».

«El Gobierno mexicano no les ofrece ninguna forma de obtener un estatus legal permanente fuera del sistema de asilo, dejando a muchos en una situación de incertidumbre, sin refugio, sin medicamentos y a merced de organizaciones criminales», señaló.

Además, el proceso vivido por los expulsados ​​también está salpicado de críticas: HRW entrevistó a 53 nacionales de terceros países deportados desde Estados Unidos, 41 de ellos cubanos. «La mayoría de estos hombres habían vivido en Estados Unidos, principalmente en Florida, durante años o décadas después de huir de Cuba por represión política o falta de oportunidades económicas», afirmó la ONG en un comunicado en el que destacó que «muchos habían creado negocios, poseído casas y dejado familiares en Estados Unidos» y que «la mayoría tienen 60 años o más y padecen enfermedades crónicas que requieren tratamiento médico continuo».

«Ninguna de las personas entrevistadas tuvo la oportunidad de impugnar su deportación a México, lo que violó sus derechos al debido proceso, tanto bajo el derecho estadounidense como internacional», denunció Human Rights Watch, que señaló que «las autoridades estadounidenses los deportaron sin documentación, dinero ni efectos personales», mientras que las autoridades mexicanas «los dejaron en condiciones precarias, sin acceso a vivienda ni atención médica».

«Sin un camino claro para regularizar su situación, muchos tienen pocas perspectivas de mejorarla. Algunos se han visto obligados a vivir en las calles, incluso en parques o fuera de los hospitales», ha advertido la ONG, señalando que «el asilo es, en esencia, la única vía legal para que los deportados obtengan la residencia permanente en México, pero muchos que han estado fuera de Cuba durante décadas simplemente no tienen, o es poco probable que puedan demostrar, un temor fundado de persecución en el país».

Además, incluso con argumentos y pruebas, «el proceso es arduo» y «la burocracia de la Agencia Mexicana de Ayuda a Refugiados, con recursos insuficientes, es lenta y está llena de trámites que dificultan extremadamente el acceso al asilo o protección similar», ha indicado HRW.

En concreto, las personas deportadas «fueron enviadas al sur de México, donde ciudades como Tapachula y Villahermosa tienen altos niveles de violencia y una pobre capacidad para brindar protección, vivienda, empleo y acceso a servicios públicos», ha advertido HRW, atribuyendo «las consecuencias más graves» a las personas mayores.

En total, según datos recogidos por Human Rights Watch, «entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, las autoridades estadounidenses deportaron a más de 18.000 nacionales de terceros países, de los cuales casi 13.000 -aproximadamente el 70%- fueron enviados a México. De ellos, «los cubanos constituyeron el grupo más numeroso, con 4.353 deportados a México durante el mismo periodo». período».

De todos ellos, «el 55% tenía antecedentes penales en Estados Unidos, el 16% tenía cargos pendientes pero ninguna condena, y el 26% no tenía antecedentes penales», mientras que «sólo el 16% tenía como condena más grave un delito violento o potencialmente violento».

Sin embargo, la organización ha situado el inicio de los abusos ya en los centros de detención estadounidenses, donde «muchos sufrieron hacinamiento, temperaturas extremas, alimentación insuficiente, mal acceso a la atención médica y falta de información sobre sus casos, además de violencia física y verbal por parte de los guardias», según el texto.

En este marco, Human Rights Watch ha exigido que el Gobierno de Estados Unidos debe permitir «a cada persona una oportunidad real de desafiar a su país de deportación» y debe «considerar la edad, la salud física y mental, la discapacidad y los vínculos familiares en Estados Unidos antes de ejecutar órdenes de deportación a terceros países».

A su vez, los países receptores «deben garantizar procedimientos de asilo justos y completos, así como una protección duradera para quienes cumplan los requisitos». En concreto, HRW ha llamado a México a aceptar únicamente «transferencias bajo acuerdos transparentes que garanticen el debido proceso y el Derecho Internacional», así como a garantizar «evaluaciones de protección completas y justas, incluido el acceso al asilo».