Detenido un funcionario por emitir documentos oficiales con información falsa o modificada, con un presunto interés económico

ARCHENA (MURCIA), 28 (PRENSA EUROPA)

La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación ‘Falsitatis’ en Archena, que ha permitido esclarecer una red criminal dedicada a la expedición fraudulenta de certificados de empadronamiento a ciudadanos extranjeros.

La investigación se inició en 2024, cuando el Ayuntamiento informó al Instituto Armado de unas supuestas anomalías detectadas en el registro municipal.

Al parecer, otras comunidades autónomas habían advertido de la presentación de certificados emitidos por el Consistorio sospechosos de ser falsos, según informó la Benemérita.

Especialistas de la Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación y recabaron información de la base de datos del padrón municipal, lo que permitió descubrir anomalías como referencias de vivienda erróneas o un número excesivo de personas empadronadas en un mismo domicilio, entre otras.

El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, la cual permitió la intervención del medio informático utilizado para la expedición de los documentos oficiales.

El examen de los contenidos digitales permitió detectar alrededor de 600 certificaciones fraudulentas emitidas entre 2021 y 2024.

UN FUNCIONARIO MUNICIPAL, DETENIDO

La investigación realizada se centró en un funcionario municipal dedicado a la gestión de este tipo de trámites. Este empleado fue identificado como la persona que habría emitido los documentos oficiales con datos falsos, erróneos o modificados, con un supuesto interés económico.

Una vez autorizada la entrada y registro de su domicilio, la Guardia Civil se incautó de una importante cantidad de documentos, como certificados y solicitudes, terminales de telefonía móvil e incluso un precinto municipal.

La investigación continuó hasta que se identificó a un segundo actor. Se trata de la persona que puso en contacto a los ciudadanos extranjeros con el funcionario y que, al parecer, utilizó su origen para contactar con compatriotas a los que ofrecía certificados de registro «a medida».

Según la investigación, ambos cobraban, por cada certificación fraudulenta, entre 50 y 600 euros, según el tipo de trámite.

La operación ‘Falsitatis’ ha concluido recientemente con la detención de ambos como presuntos autores del delito de falsedad documental.