Bruselas autoriza a España a dar ayudas de hasta 9.000 millones a las eléctricas para montar un nuevo sistema ‘antiapagones’
La Comisión Europea da por fin permiso a España para poner en marcha un nuevo mecanismo con el que reforzar la seguridad de suministro eléctrico y reducir el riesgo de otro gran apagón. Tras más de un año de peticiones de información extra y de intercambio de documentación, el Ejecutivo comunitario ha aprobado dar la autorización definitiva para que el Gobierno español pueda activar el nuevo sistema de protección, como ya adelantó EL PERIÓDICO.
[–>[–>[–>El nuevo sistema contempla el reparto mediante subastas de ayudas a las eléctricas por estar disponibles para inyectar energía extra al sistema eléctrico si es necesario, y Bruselas permite a España un presupuesto máximo de 9.000 millones durante la próxima década para cubrir la retribución (a razón de 900 millones de euros al año), según ha anunciado la Comisión Europea este viernes. La puesta en servicio de nuevos escudos para el sistema eléctrico ha tomado más relevancia en plena resaca del gran apagón que paralizó España en abril del año pasado.
[–> [–>[–>Desde el Gobierno español se apunta que la estimación es que el nuevo mecanismo, basándose en cálculos realizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tenga un volumen económico de entre 800 millones y 900 millones al año, en función del resultado de las subastas que permitirán fijar la retribución y con el objetivo de que el coste sea el mínimo posible.
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Centrales eléctricas, baterías e industria
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El nuevo sistema ‘antiapagones’ consistirá en la puesta en marcha de unos mercados de capacidad de energía firme para evitar desajustes de oferta y demanda de energía, y que implicará el reparto de ayudas millonarias a las centrales eléctricas y sistemas de almacenamiento (grandes baterías o hidroeléctricas de bombeo) que garanticen inyecciones de electricidad adicional y también a la gran industria que se ofrezca a reducir su consumo de luz de manera extraordinaria.
[–>[–>[–>La cuantía de los pagos millonarios que recibirán las empresas se determinará mediante un sistema de subastas y se cargará en el recibo de la luz que pagan todos los consumidores. En las pujas los candidatos ofrecerán potencia firme (medida en megavatios, MW, que se consideren necesarios) y un precio de la energía (medido en euros por cada MW y por año). El objetivo es que las subastas sirvan para establecer la retribución para estas instalaciones que dan estabilidad al sistema eléctrico y que pueden estar siempre disponibles para cubrir las espaldas cuando toda la producción sea insuficiente para cubrir todo el consumo requerido en momento de estrés máximo del sistema eléctrico.
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Las grandes candidatas para llevarse el grueso de las ayudas en juego mediante estas pujas, a priori, son las centrales de gas. El Ejecutivo ha accedido a una de las grandes peticiones de las energéticas, y permitirá cerrar o hibernar centrales que se queden fuera del sistema de ayudas.
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[–>El Gobierno de España viene defendiendo desde la crisis energética la creación de un mercado de capacidad nacional con el que pagar a las instalaciones que den seguridad y firmeza al sistema eléctrico. Teresa Ribera, ahora vicepresidenta y responsable del área de Competencia de la Comisión Europea, no ha participado en este dossier por tratarse de una iniciativa emprendida cuando ella era aún vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica.
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El proceso legal que queda
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El Gobierno abrió ya en diciembre de 2024 el proceso de audiencia pública sobre la orden ministerial que servirá para crear de estos mercados de capacidad. Un año y medio después la orden ministerial sigue sin aprobarse. El Ejecutivo ha intentado acortar plazos adelantando algunas reformas legales y pidiendo por anticipado el informe del Consejo de Estado, pero aún estaba a la espera del visto bueno definitivo de la Comisión Europea al diseño del sistema de ayudas que diversas fuentes anticipan ahora como inminente.
[–>[–>[–>Tras el ‘ok’ de Bruselas, el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, aún tendrá que aprobar la esperada orden ministerial, abrir una consulta pública sobre las condiciones con que se desarrollará la subasta para recabar las propuestas del sector energético, y posteriormente convocar la puja, adjudicar las ayudas, y articular de manera efectiva el sistema para que esté plenamente activo. Las eléctricas que se beneficiarán de esa retribución dan por hecho que, incluso si la primera subasta se celebra este año, las ayudas no empezarán a recibirse formalmente hasta 2027.
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