SHAKIRA HACIENDA | El abogado alicantino que venció a la Hacienda española sin ser Shakira
No tiene los millones de seguidores de Shakira ni su caso ha sido tan mediático, pero, probablemente, el abogado Víctor Riera ha asestado a la Agencia Tributaria un golpe más contundente que el de la artista colombiana. Desde su despacho en Alicante, ha logrado que la Comisión Europea emita un dictamen motivado -un ultimátum- para que el Ministerio de Hacienda modifique la legislación tributaria y permita que las viviendas habituales de los funcionarios europeos y los impatriados reciban el mismo trato fiscal que las del resto de residentes.
[–>[–>[–>Doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Alicante (UA), Riera no es un recién llegado a las lides fiscales. “Soy como el profesor titular del colegio de abogados en derecho tributario”, explica él mismo al recordar que su vocación docente y su curiosidad fueron el motor del caso. Todo empezó hace más de una década, cuando un funcionario alemán de la entonces OAMI (hoy EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE) acudió a su despacho por recomendación de su esposa, quien había sido alumna suya. La situación de este cliente era, en palabras del letrado, una “ficción legal” anacrónica: el hombre había sido reclutado en Francia 20 años atrás y, por el Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Unión, debía mantener su residencia fiscal en ese país hasta su jubilación.
[–> [–>[–>Riera subraya que esta norma no es opcional ni ventajosa: “No es ningún privilegio porque está totalmente vetado cambiarla por elección del trabajador”. El resultado es que personas que han formado sus familias en Alicante, cuyos hijos son españoles y que no tienen relación con su país de origen desde hace décadas, son tratados por la Agencia Tributaria como “no residentes”. Esta clasificación administrativa desencadena una serie de gravámenes que Riera considera profundamente injustos y contrarios al derecho comunitario de libre circulación de capitales y trabajadores.
[–>[–>[–>
Triple agravio
[–>[–>[–>
El núcleo de la discriminación reside en el trato que recibe la vivienda habitual. Para un residente fiscal estándar en España, su casa está exenta de la mayoría de estos impuestos, pero, para estos colectivos, Hacienda la asemeja a una segunda residencia. Riera detalla tres frentes de esta presión fiscal. El primero es la imputación de rentas inmobiliarias en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Estos contribuyentes deben pagar al año el “19% del 2% del valor catastral” de la casa en la que viven, lo que supone un desembolso que puede rondar varios cientos o, incluso, más de mil euros en su declaración.
[–>[–>[–>El segundo frente, quizá el más oneroso, surge cuando estos profesionales deciden vender su casa para comprar otra, paso natural cuando una familia crece. Un residente español no paga impuestos por la ganancia patrimonial si reinvierte el dinero en una nueva vivienda habitual, pero Hacienda bloquea este beneficio a los eurofuncionarios.
[–>[–>[–>
Pone un ejemplo: un funcionario que comprara su casa por 200.000 euros en el año 2000 y la vendiera hoy por 500.000 para mudarse a una zona como el Cabo de las Huertas habría ganado 300.000 euros, pero Hacienda le obligaría a pagar el 19% de ese beneficio, es decir, unos 57.000 euros, alegando que no es su “vivienda habitual”.
[–>[–>
[–>El Impuesto sobre el Patrimonio remata la situación. Mientras los residentes disfrutan de una exención de hasta 300.000 euros por su hogar, a los clientes de Riera se les computa la vivienda desde el primer euro.
[–>[–>[–>
Ante este escenario, este abogado no se limitó a los tribunales españoles, donde el criterio de Hacienda es un muro: “Nos lo han negado una y otra vez”. En 2020, decidió elevar su denuncia a la Taxud en Bruselas (la Dirección General de Fiscalidad de la Comisión Europea). Relata que fue atendido personalmente allí y que, desde el inicio, la acogida fue excelente porque a los técnicos europeos la situación de España les pareció “brutal”.
[–>[–>[–>Con el tiempo, amplió su denuncia para incluir a los beneficiarios de la ley Beckham (el futbolista inglés David Beckham fue de los primeros en acogerse a ella) o régimen de impatriados. Aunque estos profesionales, como los nómadas digitales, son legalmente residentes en España, se les aplica la normativa de no residentes para la vivienda, cayendo en la misma trampa.
[–>[–>[–>
Tras el dictamen motivado de este mayo, la Agencia Tributaria tiene dos meses para rectificar, pero el
letrado es escéptico
[–>[–>[–>
Estrategia de silencio
[–>[–>[–>
Un detalle revelador es la “estrategia de silencio” que atribuye a Hacienda. Según el letrado, la Administración es consciente de que su posición es jurídicamente débil. En algunos casos, tras forzar el procedimiento, el organismo ha llegado a devolver el dinero a sus clientes, pero sin emitir una resolución formal que reconozca el derecho para no sentar precedente. “A mí no me han puesto por escrito que se estima la petición, pero le ha ingresado el dinero a mi cliente”, apunta.
[–>[–>[–>
Tras el dictamen motivado de este mayo, España tiene dos meses para rectificar. El abogado es escéptico sobre un cambio voluntario por parte del Gobierno antes de llegar al tribunal. Según su experiencia, el Ejecutivo “prefiere seguir facturando y recaudando” hasta que un juez le obligue a desistir. Por ello, prevé que el caso terminará en una demanda judicial de la Comisión Europea contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
[–>[–>[–>
Las consecuencias de este proceso serán significativas y transformarán el panorama fiscal para miles de contribuyentes. En primer lugar, se abrirá la puerta a devoluciones masivas de impuestos con intereses para quienes han mantenido sus recursos abiertos contra las liquidaciones de Hacienda. El impacto por contribuyente puede ser de miles de euros, sobre todo en casos de reinversión de vivienda.
[–>[–>[–>
Más allá del dinero, el éxito de Riera supondrá una mejora crítica en la seguridad jurídica de España como destino para el talento internacional. El abogado recalca que la actual política fiscal genera un grave perjuicio reputacional y un problema para todos los ciudadanos afectados. Al final de este camino judicial, España se verá obligada a reconocer la realidad de la vivienda habitual de estos trabajadores, eliminando una ficción legal que ha servido para recaudar de forma indebida durante décadas y garantizando que la libre circulación en Europa sea un derecho efectivo y no solo una declaración de intenciones.
[–>[–>[–>
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí