«Agresivo«. Con esta dureza se refiere en la roca José María Olmo, jefe de Investigación de El Confidencial, al llamado «Caso Leire«Estamos hablando de un partido político, que también está en el Gobierno, que dispone de los recursos del Estado para poder utilizarlos a su favor, montó una operación clandestina con varios ‘fontaneros’, supuestamente liderados por su número tres para subvertir el orden democrático y el funcionamiento del Estado de Derecho», resume sin ocultar su preocupación.

Olmo señala que en democracia es «imprescindible que haya contrapesos», representados por «jueces, fiscales, policías, periodistas y guardias civiles», y señala que la intención de los implicados en este caso era intentar que ninguno de ellos cumpliera con su deber «y que toda la presunta corrupción que habían cometido sus dirigentes quedó impune«.

En el auto, explica el periodista, se dice que vinieron a preparar expedientes contra jueces del Tribunal Supremo, como Manuel Marchena, así como contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón o el El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez. «Todos hemos escuchado el audio de la grabación de Leire Díez pidiendo información comprometedora sobre balas matarlo civilmente», comenta, algo que considera «inadmisible».

Olmo afirma que los medios en los que trabaja comenzaron a hablar de la existencia de este complot ya en septiembre de 2024. Según explica, las primeras informaciones fueron recibidas con escepticismo por algunos sectores, mientras que desde el entorno socialista Se restó importancia al papel de Leire Díezpresentado entonces como un simple militante sin relevancia orgánica. «Santos Cerdán Nos dijo que apenas la conocía», añade.

El periodista sostiene que los datos posteriores han puesto en duda estas afirmaciones. «La verdad, por supuesto, no es la versión oficial.«, afirma defendiendo los trabajos de investigación realizados por sus medios en los últimos meses.

«Sospechamos que el Partido Socialista y el Gobierno de algún modo habían fondos desviados para poder alimentar o generar algún tipo de presupuesto a esta célula clandestina. Eso es para mí lo realmente nuevo, lo realmente importante que tiene el orden, la participación de personas que manejan fondos públicos, porque en los partidos se financian fundamentalmente con asignaciones públicas para intentar lanzar cloacas que sirvan para descarrilar procedimientos judiciales», revela.

Olmo recapitula lo que se sabe hasta ahora sobre esta supuesta «financiación ilegal de alcantarillas» y destaca que los implicados en la misma son quienes «también tienen que encargarse de garantizar que el Partido Socialista cumpla con las normas de financiación». «Ahora están involucrados en este caso el gestor y quienes pagaron sobres con efectivo, acuerdos y garantías entre ellos», subraya, aunque deja claro que No cree que haya pruebas, «de momento», para implicar penalmente al presidente del Gobierno.

«Pero seamos honestos, el responsabilidad de este, de este caso jerárquicamente, tanto desde Moncloa como desde el Partido, convergen en una sola persona que es el presidente del Gobierno, que sería el principal beneficiario -y así se dice también en el auto- por el hipotético fracaso de estos procedimientos. Él y su entorno. «Creo que los hechos son demasiado graves para actuar como si nada hubiera pasado», dice con dureza.

El PSOE, como explica el periodista, sigue defendiendo que Leire Díez actuó de forma independientesin apoyo orgánico del Partido Socialista. Sin embargo, señala, no hay ninguna denuncia a la vista. «Santos Cerdán dijo en el momento de su detención que se había reunido con Leire un par de veces. Ahora en el auto consta 39 encuentros en un año», resalta.

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