La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha remitido a la jueza de Majadahonda Delia Rodrigo, que investiga a Luis Rubiales por la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí. un informe que detalla las pruebas del delito de blanqueo de capitales contra el capitán de la Guardia Civil Carlos Vico Bujaldón.

El documento señala que, de las actuaciones realizadas, se desprende que el investigado Francisco Javier Martín Alcaide, ‘Nene’, socio y amigo de Rubiales; Alberto López Baeza y Francisco José Hernández Salvador realizaron entrega directa al capitán de «una cantidad relevante de efectivoasumiendo este último, desde ese momento, el control material de los fondos y responsabilidad por su transformación e inversión en criptoactivos».

Tal circunstancia, señala el informe, no se limitaría a una función meramente instrumental o técnica, sino que sitúa al capitán en «la fase inicial de la operación económica, es decir, en el momento en que el capital sale del circuito financiero ordinario y se introduce en un sistema alternativo de difícil control institucional; circunstancia compatible con la llamada fase de autocolocación de la dinámica del blanqueo de capitales».

Según los datos obtenidos en la investigación, el comando del instituto armado «procedió a convertir los fondos en criptoactivos a través del BitBase Exchange, utilizando una operación diseñada para impedir el vínculo entre el dinero y sus verdaderos dueños».

El informe destaca cómo «Particularmente significativas» las declaraciones del propio capitán a los inversoresen el que afirmaba expresamente que «la conversión en efectivo nos permitiría evitar cualquier rastro bancario o registro formal, subrayando la conveniencia de no asociar a ninguna persona con los fondos».

Para ello contó con la colaboración de los directores de BitBase Exchange, Adriá Llorens Centellas y Alejandro Fernández Fernández, quienes supuestamente «facilitaron la conversión de dinero en efectivo, eludiendo las normas legales».

«Todo esto, evaluado en su contexto, no respondería a un mero interés por la privacidad financiera, sino que evidencia un deseo consciente de dificultar la trazabilidad del dinero, finalidad que constituye un elemento característico de las conductas de ocultación de activos vinculadas al blanqueo de dinero», afirma el informe.

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