Mientras el futuro del parque nuclear español sigue en el aire, que depende de si el Ejecutivo acepta la petición de ampliación de Almaraz, armas nucleares y el Gobierno llevan meses enfrascados en un enfrentamiento en los tribunales para el llamado Tarifa Enresaque los propietarios pagan anualmente para cubrir el futuro desmantelamiento y gestión de residuos radiactivos cuando se produzca el cierre.

En 2024, el Gobierno enterró definitivamente el proyecto de construcción de un almacén único de residuos en la localidad conquense de Villar de Cañas para optar por una solución alternativa, la de construir almacenes individualizados en cada planta esperando que el eterno almacén esté listo en unas décadas. Alegando la falta de «consenso social», el Ejecutivo optó por una solución más cara y técnicamente peor, según los expertos. Para cubrir el costo adicional, de más de 2.000 millones de eurosel entonces Ministerio de Teresa Ribera decidió subir la tarifa de Enresa un 30 por ciento. El sector reaccionó con indignación ante un aumento que se sumó a los impuestos y en medio del debate sobre su continuidad y viabilidad económica. El aumento, denunciaron, rompió el pacto de 2019 que fijaba el calendario de cierre y estipulaba que la tasa no subiría más del 20 por ciento. Por otro lado, señalaron que cambiar la solución a los residuos era «una decisión política y no técnica«.

El enfado de los propietarios pasó de las declaraciones a los tribunales: El sector presentó un total de tres recursos ante el Tribunal Supremo. Uno de ellos, contra el séptimo Plan de Residuos Radiactivos que consagra el plan de cierre y sus «costes mal calculados». Otro, contra la libre cesión de los terrenos y edificios ya construidos para el fallido almacén de Villar de Cañas. Y el último, contra el Real Decreto 589/2024 que fija la tarifa de Enresa. Todos ellos continúan su curso, afirma el sector, y sobre este último hubo novedades hace unos días, tal y como anunciaron El Periódico y confirmado Libertad digital: el alto tribunal coincidió con las empresas en su solicitud de que El Ejecutivo incorporará información exhaustiva al caso sobre cómo se había calculado el sobrecoste del proyecto y sobre la gestión del fondo acumulado para un futuro desmantelamiento, que asciende a unos 8.000 millones de euros.

En el auto, el tribunal acoge la petición de Endesa de que el Ejecutivo, a través de la empresa gestora de residuos Enresa, incorpore al expediente «documentación e información relevante para la adecuada resolución del litigio», con el fin de resolver si el Ejecutivo había «calculado correctamente» la denominada tarifa «ante la supuesta necesidad de hacer frente al incremento de costes». Endesa, que solicita la anulación del decreto, alegó que era necesaria documentación extra para esclarecer los hechos y determinar, entre otras cosas, si se habían calculado correctamente los costes de los residuos de la cerrada planta de Garoña o los rendimientos económicos del fondo. El abogado del Estado, que viene rechazando las solicitudes de informaciónomitió ofrecer «argumentos que permitan considerar innecesaria la prueba documental referida».

Tras la decisión del Tribunal Supremo, Enresa deberá entregar en el plazo de un mesentre otros datos, el «detalle anualizado de los sobrecostes» estimado en 2.124.914.000 euros de sustitución del almacén centralizado por almacenes individualizados en cada planta, el desglose anual y por planta de los costes «de la célula caliente y del correspondiente laboratorio» que debe construir cada planta para inspeccionar bidones si fuera necesario y detalles sobre el dinero existente en el fondo, desde las «variaciones por cartera» hasta la «rentabilidad de cada uno de los productos» que componen la inversión de 2010 a 2024.

También se solicitan, entre otras cosas. «documentos en el expediente administrativo» del real decreto, incluidas las distintas versiones del Estudio Ambiental Estratégico y del séptimo Plan de Residuos Radiactivos que se manejaron hasta la adopción de la versión definitiva.