Economía mantendrá poder de veto en las fusiones bancarias pese a la amenaza de Bruselas
Él Gobierno Corre el riesgo de que Bruselas le lleve ante la Justicia europea por mantener cierto poder de veto sobre las fusiones bancarias. Un choque entre administraciones que se prolonga desde hace un año y que tuvo su origen en la prohibición de uniones entre … BBVA y Sabadell si la opa de los vascos tuvo éxito. La Comisión exige al Ejecutivo eliminar sus competencias de dos leyes diferentes, pero el Ministerio de Economía sólo pretende cumplir parcialmente.
Fue en julio de 2025, tras intervenir en la mencionada opa, cuando la Comisión lanzó la primera petición a nuestro país para que eliminara todo poder de veto político sobre fusiones bancariastanto a través de la ley de supervisión de entidades de crédito como a través de la normativa de competencia. Y ayer, tras los repetidos fracasos del Ejecutivo, Bruselas volvió a la carga gracias a las gestiones del Comisario de Servicios Financieros, María Luis Alburquerqueque lleva meses soportando la presión de su compañera de gabinete, la vicepresidenta y comisaria de Competencia, la española y socialista Teresa Ribera.
Según fuentes conocedoras, Ribera lleva un tiempo presionando para que no se siga con este expediente en España. Pero sin éxito, ya que la Comisión ha decidido intensificar su batalla contra el Gobierno con una nueva carta de emplazamiento exigiendo, una vez más, cambiar las dos normas. Lo que Bruselas quiere es que el Gobierno español no tenga capacidad para prohibir fusiones como hizo con BBVA y Sabadell.
Dan plazo de dos meses al Ministro de Economía, Carlos Cuerpocambiar la legislación nacional. De lo contrario podrían emitir un dictamen motivado y posteriormente llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y a la vista de los acontecimientos, todo apunta a los tribunales en el medio plazo.
«El Gobierno indica que está trabajando intensamente en la transposición del nueva directiva CRD VI«Adecuar la normativa interna y recoger la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial de fusiones bancarias», responde Economía. Esta intrincada formulación supone que modificará la ley de supervisión de entidades de crédito para, eso sí, eliminar el poder político de veto.
La vicepresidenta y comisaria de Competencia lleva un tiempo presionando a su colega de Servicios Financieros para que no siga adelante con este caso.
Sin embargo, añade que todo ello se hará «sin perjuicio del papel de otras autoridades en el marco de sus competencias, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)», dando a entender que seguirá manteniendo la facultad de intervención cuando se analice la operación dentro de Competencia en la fase tres. Cuando la CNMC decide elevar un caso a la fase dos de análisis para profundizar, como ocurrió en la opa, el Gobierno automáticamente tiene capacidad para intervenir en una tercera fase con competencias muy amplias. Estas competencias son las que conservará el Ejecutivo y que sirvieron para prohibir el sindicato BBVA-Sabadell.
Choque entre administraciones
Ante la nueva carta de citación de BruselasEl choque está servido entre administraciones. Europa entiende que la legislación española incumple varios preceptos europeos. «La Comisión considera que determinadas disposiciones de la legislación bancaria y de competencia española, que otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en fusiones y adquisiciones bancarias, violan los poderes exclusivos del Banco Central Europeo (BCE) y de los supervisores nacionales conforme a la normativa bancaria de la UE», afirmó Bruselas hace casi un año, que se mantiene sin cambios, al tiempo que añadió que los poderes de veto del Gobierno constituyen «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación». de capital.
A esto se suma ahora el incumplimiento de la transposición de la directiva de capital CRD VI, que establece que la capacidad de autorizar o no las fusiones bancarias debería recaer en los supervisores y no en los gobiernos. Lo que la Comisión exige, por tanto, es que se elimine esta atribución política para que el poder pase en su totalidad al Banco de España o Banco Central Europeo (BCE) dependiendo del tamaño del banco.
«La Comisión ha actualizado la evaluación jurídica en la que se basa este procedimiento e incluido entre las infracciones detectadas las disposiciones pertinentes de la DRC VI. En particular, la Comisión considera que las medidas españolas en cuestión son incompatibles con el nuevo marco de la CRD VI que regula adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales que afectan a las entidades de crédito, lo que refuerza aún más las preocupaciones ya expresadas en la carta de emplazamiento de 2025″, afirma ahora Bruselas, dejando claro que debería haber transpuesto la directiva a más tardar el 10 de enero y no se ha hecho nada.
Bruselas indicó hace un año que los poderes de veto del Gobierno constituyen «restricciones injustificadas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales».
La Comisión también destaca que «las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía del UE en su conjunto y son esenciales para lograr la Unión Bancaria. «Estas fusiones también garantizan que el capital se asigne eficientemente en toda la UE y que los ciudadanos y las empresas tengan acceso a productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión del Ahorro y la Inversión».
Además, no sólo Europa tiene esta posición, sino que también existe el mismo pensamiento en otras organizaciones internacionales. El hecho de que estas competencias recaigan en el Ministro de Economía es algo de lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lleva años quejándose. Y, de manera más general, el propio BCE se ha mostrado a favor de que sean los supervisores quienes evalúen las fusiones bancarias.
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