España se ha unido a Francia y otros cinco países de la Unión Europea para exigir a la Unión Europea que no relaje la norma que obliga a la industria del automóvil a límites de emisiones más bajos para turismos y furgonetas, a pesar de la creciente presión del sector para flexibilizar una normativa que muchos fabricantes consideran difícil de cumplir en el contexto actual del mercado.

En un documento conjunto, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suecia defienden mantener la actual estándares de reducción de emisiones para coches y furgonetas y advierten de que dar más margen a los fabricantes podría ralentizar la implantación del coche electrico.

En marzo de 2025, Von der Leyen propuso retrasar las multas tres años para los fabricantes que no cumplen los límites de emisiones de CO2: los turismos deben emitir un máximo de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro (frente a los 115,1 gCO2/km de 2020-2024) y las furgonetas, 153,9 gCO2/km, cifras que deberán reducirse a la mitad en 2030 para alcanzar los cero emisiones en 2035. Finalmente, el Comisión Europea dio un paso más atrás y propuso permitir la producción «limitada» de coches de combustión a partir de 2035, hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitido en 2021.

La propuesta del Ejecutivo comunitario aún necesita el apoyo del Consejo de la UE (integrado por los ministros del sector de cada Estado miembro) y del Parlamento Europeo. Por ello, siete países (entre ellos España) ya han iniciado su particular campaña en contra de que se relajen las reglascomo afirman muchos fabricantes.

Los siete gobiernos sostienen que cualquier flexibilidad adicional para cumplir los objetivos de emisiones de CO2 debe ser «estrictamente limitada» y vinculada a «compromisos concretos para avanzar en la descarbonización». En su opinión, modificar las normas ahora podría poner en riesgo las inversiones que ya ha realizado la industria automovilística europea para adaptarse al nuevo marco regulatorio.

«La integridad y la previsibilidad» de estas normas son fundamentales, afirman los firmantes, que consideran que cambiar de rumbo significaría un «error estratégico» en un momento en el que las inversiones realizadas en los últimos años empiezan a dar resultados.

Además de defender las demandas actuales, los siete países piden acelerar aún más la adopción de automóviles eléctricos. Para conseguirlo exigen más infraestructuras de carga, incentivos a la demanda y medidas que faciliten el acceso de hogares y empresas al vehículo eléctrico de segunda mano.

Electrico o nada

El documento también pretende reforzar una cadena industrial europea vinculada al vehículo eléctrico y apoyar sectores considerados estratégicos para la transición energética, como la fabricación de baterias o el llamado acero verde (acero elaborado con hidrógeno y energías renovables).

Los gobiernos firmantes también sostienen que, en un contexto de incertidumbre geopolítica y volatilidad de precios de los combustibles fósiles, lo más inteligente es cambiar la industria del automóvil de principio a fin para depender de la energía eléctrica mientras, en el caso del Gobierno de Sánchez, también se rechaza y desmantela las centrales nucleares.

Los siete países también muestran sus reservas respecto de una posible mayor incorporación de Combustibles renovables o neutros en carbono. dentro de la regulación de emisiones para turismos. Consideran que esta opción podría frenar la electrificación, aumentar las dependencias externas y desviar inversiones de sectores donde estas tecnologías podrían tener un mayor impacto, como la aviación o el transporte marítimo.

En su declaración conjunta, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suecia concluyen pidiendo un «camino claro y ambicioso» hacia la electrificación del transporte, convencidos de que esta estrategia reforzará la competitividad de la industria europea a largo plazo y abaratará el acceso a estos vehículos para los consumidores.