MADRID, 10 de junio (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Lutasanol’, ha desmantelado una red criminal dedicada a regularizar fraudulentamente a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos a cambio de cobrar entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso. Más de cien casos fueron tramitados ilegalmente.

La operación se ha saldado con la detención del principal reclutador de la trama y la investigación de otros tres presuntos partícipes: dos administradores de una empresa utilizada para actividades fraudulentas y un directivo laboral que colaboraba con la trama. La organización extendió su actividad en la provincia de Almería, pero también reclutó ciudadanos en Murcia y diversos puntos de Albacete, Huelva, Granada y Málaga.

Asimismo, se ha llevado a cabo un registro en el establecimiento que servía de centro de operaciones de la trama donde se incautó abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, notas manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo presuntamente procedente de las acusaciones formuladas a las víctimas.

FRAUDE SUPERIOR A 100.000 EUROS

Según la investigación iniciada el año pasado, de la que informó la Guardia Civil en un comunicado, miembros de la organización reclutaron a extranjeros que buscaban obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España.

Para ello les ofrecieron contratos laborales ficticios y simularon relaciones laborales inexistentes con el objetivo de presentar documentación aparentemente legal ante la Administración, pidiendo a cambio cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros.

Los agentes han podido comprobar que la organización daba de alta a trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara estas contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude de más de 100.000 euros y que podrían incluso facilitar la obtención indebida de prestaciones y subvenciones públicas.

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Según la Guardia Civil, la estructura tenía funciones «perfectamente repartidas entre recaudadores encargados de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad a toda la operación».

«Se trataba de una activa red criminal interprovincial que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, obteniendo beneficio económico aprovechándose de la necesidad de ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España», afirmó el Instituto Armado.

Por este motivo se procedió a la detención de una persona que actuaba como reclutador, así como a la investigación de los administradores de la empresa sitos en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, y del gestor/contable laboral con despacho profesional en Almería.

El operativo ha sido desarrollado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y del Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido y dirigido por el Juzgado de Instancia Civil y Sección de Instrucción Plaza nº 5 de El Ejido (Almería).