Las declaraciones del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, asegurando que “Hay jueces que procrastinan«relanzó el debate sobre los límites de la crítica política a las decisiones judiciales. Sus palabras, pronunciadas en un acto en Madrid en presencia del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, provocaron una respuesta unánime entre los juristasque exigen cautela institucional y nos recuerdan que cualquier sospecha de delito debe ser llevado ante la justicia.

El ministro insistió entonces en su declaración y defendió su derecho a ejercer la libertad de expresión. Sin embargo, diferentes expertos consideran que este tipo de mensajes contribuye a erosionar la confianza pública en el sistema de justicia.

Rechazo del ámbito jurídico

Tanto el juez Ignacio González Vega, que dice que «no parece adecuado ni correcto sembrar dudas sobre los miembros del poder judicial», como el juez Fernando Portillo, que sostiene que «Este tipo de manifestación es grave y peligrosa.«, subrayan el peligro de estas declaraciones. Este último recuerda también que la prevaricación constituye uno de los delitos más graves que puede cometer un juez. En su opinión, «elogiar a una persona, en este caso Álvaro García Ortiz, no había necesidad de llamar a los prevaricadores«a los miembros del poder judicial.

En el mismo sentido se expresa el juez Alejandro González Vega, al considerar que “Esto no me parece apropiado ni correcto. poner en duda a los miembros del poder judicial. » Además, destaca que el sistema judicial ya está considerando mecanismos para actuar ante posibles irregularidades. “Existen los mecanismos adecuados. poder actuar contra los jueces«, subraya.

La separación de poderes, en el centro del debate

Otros jueces advierten que estas declaraciones pueden transmitir a los ciudadanos una imagen distorsionada del funcionamiento institucional. El juez Joaquim Bosch considera que “una cosa es que una condena parezca injusta y otra que sea prevaricador«y advierte que»inhabilitaciones generales» hacia los jueces son “bastante lamentables”.

Bosch también rechaza la idea de un enfrentamiento entre poderes estatales. “Esto hace que la opinión pública entienda que Hay un conflicto entre el poder judicial y el poder ejecutivo. No hay ninguno”, afirmó.

En lo que todos coinciden es en la solución que debería elegir el ministro: Si hay indicios de que un magistrado ha cometido un delito, lo adecuado es acudir a los tribunales.. “Si está seguro de esta dilación, sólo tiene que denunciarlo”, resumen varios magistrados que analizaron la polémica nacida tras las declaraciones del ministro.

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