El Los estados miembros de la Unión Europea comienzan este viernes a aplicar formalmente el Pacto de Asilo y Migraciónel cual algunos consideran un «paso importante» para reducir la llegada de inmigrantes indocumentados, aunque otros países presentan importantes deficiencias para su pleno funcionamiento o se oponen a algunos de sus puntos.

En el caso de España, «quedan algunas áreas por pulir respecto al Plan Nacional de Implantación que se adoptó en 2024», aunque hay «confianza en que se podrá implementar plenamente», según reconocieron a EFE fuentes diplomáticas españolas, que no precisaron cuándo estará completamente listo.

El Gobierno español se ha posicionado en contra de la Reglamento de retorno que permite la creación de centros de migrantes en terceros países -otra de las patas del Pacto que será ratificado la próxima semana en el Parlamento Europeo- desde su concepción.

Del entusiasmo alemán al rechazo polaco

El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el jueves la entrada en vigor del Pacto como «el paso más importante» para solucionar la entrada irregular de inmigrantesen línea con el endurecimiento de la política migratoria propugnada por el Gobierno ante el ascenso de la extrema derecha en el país.

En Francia, el grueso de la transposición del pacto migratorio se realizará con un proyecto de ley en tramitación todavía en el Parlamento y que permite al Gobierno legislar por decreto. Además, está prevista la publicación de una circular para concretar la normativa aplicable a partir del 12 de junio, ya que una parte importante del pacto no se ha adaptado a tiempo.

Portugal entra en vigor con una adaptación parcialmente avanzada: El Gobierno ha presentado en la Asamblea de la República las modificaciones legislativas necesarias para incorporar varias de las nuevas normas, pero el debate parlamentario demuestra que persisten discrepancias sobre algunos instrumentos previstos en el marco europeo.

Mientras, Polonia se ha opuesto a la aplicación de la parte relativa al mecanismo de seguridad obligatorio, con la oposición explícita del primer ministro Donald Tusk: «no se aceptará ni un solo traslado y no se pagará ni un céntimo», posición que destacó como «definitiva», hasta el punto de llamar hace unos meses a una «rebelión contra la regulación» desde Bruselas.

Varsovia justifica su postura alegando que se encuentra en una situación única debido a la «guerra híbrida» en su frontera con Bielorrusia, además de resaltar acogiendo a millones de refugiados ucranianos en los últimos años. Por este motivo, Polonia ha reclamado una exención de cuotas, tras ser catalogada como un país «afectado por una importante presión migratoria».

Italia como modelo

El Gobierno de Giorgia Meloni ha celebrado abiertamente la activación del Pacto, defendiendo que el texto final de Bruselas valida y respalda el «enfoque italiano» al incorporar medidas que ya están en vigor en Italia.

Las nuevas directrices comunitarias representan la legitimación europea de la estrategia migratoria italiana y del nuevo paquete de medidas restrictivas aprobado por el Ejecutivo Meloni en enero de 2026, que prevé bloqueos navales temporales, retornos acelerados en la frontera y mayores casos de expulsión.

El nuevo marco de La UE permitirá a Italia reactivar los centros de detención y gestión de asilo en Albania, Diseñados originalmente para procesar a migrantes rescatados en el Mediterráneo, pero que permanecen bloqueados por la justicia desde su apertura en octubre de 2024.

Austria, por su parte, se encuentra entre los países que defienden una aplicación más estricta del pacto: Aunque ha realizado grandes avances en su adaptación jurídica, todavía se enfrenta al reto de aplicar todos los procedimientos fronterizos acelerados e integrar plenamente el sistema biométrico Eurodac.

Viena ha insistido especialmente en frenar los movimientos secundarios de inmigrantes y ha estado uno de los principales impulsores de los polémicos centros de deportación fuera de la UE.

Deficiencias en las fronteras este y sur

Bulgaria se encuentra entre los países más avanzados en la adaptación técnica al Pactoespecialmente en el sistema Eurodac, aunque la CE alerta de importantes carencias en capacidad de acogida, recursos humanos e infraestructuras, además de posibles retrasos en la aplicación de procedimientos fronterizos y garantías para los solicitantes de asilo.

Y Hungría presenta un nivel muy limitado de cumplimiento del nuevo pacto, ya que el anterior Ejecutivo de Viktor Orban no publicó su plan nacional ni ha iniciado los preparativos para la creación de centros de acogida, mientras que el nuevo Gobierno tampoco ha avanzado en su elaboración.

Además, Budapest arrastra una multa diaria del Tribunal de Justicia de la UE por incumplimientos previos en materia de asilo, que sigue sin resolverse pese a las negociaciones del nuevo Ejecutivo con Bruselas.

En el caso de Grecia, el nivel de cumplimiento tiene importantes deficiencias. Según un informe de la Comisión Europea previo a la entrada en vigor del Pacto, hasta el 7 de mayo el país aún no contaba con instalaciones de acogida ni personal suficiente para implementar los nuevos procedimientos fronterizos requeridos.