Está España inmersa en una barahúnda judicial y de las ideas que desorienta a la persona más convencida. Todo ello afecta también al bolsillo y a la economía de cualquiera aunque se empeñe en aplicar obedientemente las enseñanzas de los monos de Nikko. Pero en estas circunstancias no cabe más que entender las diferencias entre ley, justicia y opinión. Y desconsolarse. Está claro que la ley debe cumplirse, se conozca o no. Que la justicia deben impartirla los jueces (o los que ostentan poder sobre otros). Y que la opinión la tiene todo el mundo, la diga o no, aunque en ocasiones está justificada con pocos mimbres y menos lógica. Y el lío llega cuando se trufa todo en un pandemónium radical, en el que los jueces aplican la ley dando peso prioritario a su opinión y se pasan la justicia por el forro de toga vieja. Y a los imputados les pasa poco más o menos lo mismo, que pueden llegar a creer que la ley no iba con ellos y que su opinión estaba por encima de cualquier justicia o ética.