España se mantiene como uno de los países de la Unión Europea donde el comercio minorista enfrenta más obstáculos. Así lo destaca el «Informe País España 2026» publicado la semana pasada por la Comisión Europea.

Según el informe, que constituye la principal evaluación anual de la situación económica, social y competitiva de los Estados miembros, en España «Las restricciones regulatorias siguen siendo bajas en los servicios, pero se encuentran entre las más altas en el comercio minorista».

Una de las evidencias en las que se basa el documento para justificar sus críticas a España en la materia es la posición que ocupa en el Indicador de restricción minorista (RRI). Mientras que la puntuación medida europea en este indicador es de 1,7, en el caso español es de 2,92. La Comisión identifica restricciones particularmente altas a la apertura y ejecución de establecimientos, con 3,13 puntos, frente a una media europea de 1,82.

Los complejos procedimientos de autorización, las elevadas cargas administrativas y los largos plazos de resolución son las causas, según la Comisión, de la alta puntuación de España en el RRI. Unos problemas que, añade, constituyen obstáculos añadidos a la entrada de nuevos operadores, a la inversión empresarial y a la competencia en el mercado.

Bruselas también identifica restricciones relevantes en el funcionamiento operativo de las empresas de distribución -2,60 puntos, frente a una media europea de 1,20- que atribuye a la limitada flexibilidad de horarios comerciales y existencia de impuestos específicos aplicables al comercio minorista.

El informe también se centra en la Fragmentación regulatoria existente entre comunidades autónomas. La Comisión concluye que las diferencias en normativa, permisos y procedimientos administrativos aumentan los costes de cumplimiento, generan cargas administrativas adicionales, dificultan la actividad de las empresas que operan en varias regiones y crean obstáculos para las empresas de otros Estados miembros que quieran operar en España.

El análisis cita específicamente varios ejemplos de esta fragmentación, como fiscalidad autonómica, el impuesto catalán sobre las bebidas azucaradas, obligaciones de etiquetado lingüístico o requisitos de información divergentes relacionados con el desplazamiento de trabajadores.

La Comisión considera que estas diferencias regulatorias generan costes de cumplimiento adicionales y reducen la eficiencia del mercado interior.

Mercado Común

Bruselas también expresa preocupación específica por determinadas obligaciones regulatorias que generan, en su opinión, Divergencias respecto al mercado único europeo. El informe señala que la normativa española sobre envases y residuos, incluidos los requisitos de etiquetado para la separación de residuos, obliga a las empresas a adaptar específicamente el etiquetado de sus productos al mercado español. Según la Comisión, esto genera costes de cumplimiento adicionales, requiere una adaptación específica de los productos e introduce mayores dificultades para las empresas que operan en varios Estados miembros.

También en materia de Mercado Único, el informe alerta de que España se encuentra entre Estados miembros con peores resultados en la transposición de directivasdado que ocupa el último lugar de la Unión Europea en esta materia y tiene 48 procedimientos de infracción pendientes abiertos frente a una media europea de 25.

Para el Ejecutivo comunitario, esta serie de barreras no sólo obstaculizan la propia actividad minorista sino que acaban afectando a la situación económica de las familias. «Las barreras regulatorias, como las elevadas restricciones al comercio minorista, así como la fragmentación del mercado interior entre regiones, obstaculizan el dinamismo empresarial y, en última instancia, la prosperidad y los ingresos de los trabajadores», advierte el informe.