Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o grupos de extrema derecha Asesinaron a 63 personas entre la entrada en vigor de la Constitución y 1983. Es una de las conclusiones a las que se llega en un informe elaborado por la comisión nombrada por el Gobierno para estudiar las violaciones de derechos humanos acaecidas durante la Transición.

La Ley de Memoria Democrática estableció en 2022 que el Gobierno impulsaría tres comisiones: una sobre violaciones de derechos humanos, otra sobre la represión del pueblo gitano y una tercera para evaluar las medidas económicas otorgadas hasta el momento a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

En este último caso, se ha concluido que las indemnizaciones a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo por parte de las administraciones públicas ascienden a más de 22.000 millones de euros en toda la democracia, con más de 610.000 beneficiarios. El informe, al que ha tenido acceso la agencia EFE, recopila cifras facilitadas por los ministerios implicados (Seguridad Social, Hacienda e Igualdad) y las únicas seis comunidades autónomas que facilitaron datos (Cataluña, Navarra, Andalucía, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha).

En total, las indemnizaciones ascienden a 22.160 millones de euros a través de diferentes normas impulsadas a nivel estatal desde la ley de amnistía de 1977 hasta finales de 2024, con un total de 611.828 beneficiarios. El grueso de las indemnizaciones corresponde a pensiones para militares no profesionales y sus familiares (9.907 millones de euros), seguidas de las pensiones para mutilados y familiares (4.078 millones) y las de familiares de personas fallecidas o desaparecidas (4.059 millones).

Volviendo a la cuestión de las víctimas del franquismo, el texto concluye que la Transición estuvo marcada por prácticas antidemocráticas que buscaban mantener el régimen. La aprobación de la Constitución”No fue suficiente por sí solo.» para acabar con las prácticas de la dictadura, según el informe, que habla de la Transición como «un espacio gris» en el que siguieron produciéndose abusos policiales y excesos de las autoridades.

El año en el que hubo más asesinatos fue 1980con 28, de los cuales 20 se atribuyen a la extrema derecha. Entre las 63 víctimas, nueve eran mujeres. La mayoría de los casos se produjeron en Madrid y en distintas localidades de Euskadi.

«Esos cuerpos policiales de la dictadura eran mal instruidos, mal equipados y peor comandados. Recibieron una formación limitada que los capacitó para reprimir, pero los descalificó para desempeñar un desempeño profesional adecuado en el marco de un régimen democrático. «Esto dio lugar a una sucesión de excesos y graves violaciones de los derechos humanos tanto en su actuación en la calle como en el trato a los detenidos en las comisarías y en la dinámica de la propia institución», señala el informe.

El informe incluye un tercer grupo de actores de quienes pudo haber surgido la violencia durante esos años: personas vinculadas funcionalmente al Estado«cuyas acciones se vieron favorecidas por la impunidad estructural, la falta de control o la colusión con los empleados públicos».

Ha habido «persecución institucional» al pueblo gitano

Grupos Armados Españoles, Batallón Vasco Español, Triple A, Fuerza Nueva, Frente Juvenil, Falange o Comando Antimarxista fueron algunos de los grupos que asesinaron a esas 63 personas, dentro de un informe que deja fuera a los «etarras fallecidos a manos del Batallón Vasco Español, los GAL o acciones policiales descontroladas».

La agencia EFE también ha accedido a las conclusiones de la comisión sobre la represión del pueblo gitano, que concluye que ha habido «persecución institucional» ejercida contra este grupo durante seis siglos, desde la época de los Reyes Católicos.

Aseguran que el antigitanismo y las desigualdades que padecen persisten en ámbitos como la educación, el empleo, la vivienda o la salud. Entre las propuestas de la comisión, la aprobación de un ley integral de protección y reparación del pueblo gitanola celebración de un gran acto de Estado con este mismo objetivo, así como la revisión de símbolos asociados a episodios de persecución, como los nombres de calles, por ejemplo.

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