La política migratoria de la Unión Europea Continúa el giro hacia la externalización de sus fronteras. Un bloque de 19 estados miembros, más de la mitad, ha enviado una carta conjunta al presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyeny al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con el objetivo de exigir la inmediata puesta en marcha y aceleración de centros de internamiento de inmigrantes fuera del territorio de la Unión.

Eran el Primer Ministro danés, Mette Frederikseny su homólogo italiano, Giorgia Melonique presentó esta propuesta este viernes al margen de la cumbre del Consejo Europeo. «Lideraremos personalmente el proceso para garantizar que nuestras visiones se conviertan en realidad», se lee en el documento. El documento toma como referencia directa El modelo de gestión que Roma ya aplica en Albania. El objetivo fundamental de esta estrategia es, según sus firmantes, reducir la inmigración irregular, acelerar el retorno de personas sin derecho de asilo y combatir el negocio de las redes de trata de personas.

Este frente común rompe divisiones ideológicas tradicional dentro de la Unión. Además de Meloni y Frederiksen, la carta cuenta con el apoyo de líderes conservadores y nacionalistas como el húngaro Peter Magyar o el belga Baart De Wever, pero también incluye a miembros del espectro progresista y liberal, incluido el maltés. Roberto Abeloh el holandés Rob Jetten.

España y Francia se niegan a unirse

Por el contrario, la iniciativa ha revelado la brecha existente con otros socios comunitarios. Países como Francia y, más prominentemente, España, se han negado a sumarse a la propuesta.

Este movimiento político se produce inmediatamente después de que el Parlamento Europeo diera su apoyo al llamado reglamento de retorno. con 418 votos a favor. La nueva normativa, complementaria al Pacto sobre Migración y Asilo, avala la creación de estas instalaciones al aire libre siempre que se respete el derecho internacional. Además, los Veintisiete ya contemplan la posibilidad de financiar la construcción de estos centros de detención con fondos públicos de la UE del marco presupuestario 2028.

La posición del Gobierno sitúa a España en una posición de minoría en el debate europeo. Madrid justifica su rechazo afirmando que el modelo de subcontratación puede vulnerar los derechos humanos y carece de eficacia prácticaapostando en cambio por la cooperación con los países de origen y la regularización de la inmigración.

En el texto remitido a las autoridades de Bruselas, los 19 líderes firmantes aseguran que controlar la entrada a Europa es clave para garantizar la cohesión social del continente. Con el objetivo de dotar de legitimidad y viabilidad al proyecto, el bloque solicitó formalmente apoyo financiero a la Comisión Europea y extendió una invitación a organizaciones globales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para involucrarse en la gestión y supervisión de los futuros centros.