Así, previo a dicha votación, la plataforma ha enviado cartas a todos los parlamentarios españoles y europeos en las que manifiesta su posición sobre el texto que se tramita. Para Denaria, «un reconocimiento meramente formal de la moneda de curso legal es insuficiente. Si la aceptación se ve debilitada por restricciones indirectas, o si el acceso a la infraestructura de efectivo continúa disminuyendo, el efectivo corre el riesgo de volverse teórico en lugar de utilizable.

Desde Denaria explican que su objetivo es lograr que el Reglamento proteja el efectivo como elemento funcional del sistema de pago europeoy no sólo como principio jurídico.

Desde esta perspectiva, la posición de Denaria se basa en una clara asignación de responsabilidades: instituciones de crédito Deberían asumir la responsabilidad principal de garantizar el acceso al efectivo, mientras que el ecosistema de efectivo en general debería ser reconocido como un actor de apoyo y no sujeto a obligaciones regulatorias desproporcionadas.

Cinco prioridades

En el marco del debate que se celebrará en el Parlamento Europeo durante la semana del 23 de junio, y a través de las cartas enviadas a los parlamentarios españoles y europeos, Denaria ha trasladado a la Cámara cinco prioridades que considera deberían incluirse expresamente en el texto del Reglamento:

En primer lugar, salvaguardar la aceptación real de efectivo sin exclusiones otros adicionales, como los puntos de venta no tripulados (estacionamientos automáticos, máquinas expendedoras, casilleros, puntos de carga eléctrica) que a menudo operan como monopolios de facto en su ubicación y donde el efectivo está excluido por diseño. «No se puede alegar como justificación la imposibilidad técnica: las máquinas expendedoras aceptan monedas y billetes desde hace décadas, y existen sistemas combinados que integran ambos métodos de pago», afirman desde Denaria.

Y es que el moneda de curso legal Puede verse socavado no sólo por rechazos directos, sino también por cláusulas contractuales, prácticas comerciales o decisiones de diseño de infraestructura que indirectamente desalientan el uso de efectivo. «Por lo tanto – continúan las fuentes – el Reglamento debe garantizar que la libertad de elección de pago de los consumidores siga siendo real y aplicable en la práctica.»

En segundo lugar, Denaria pide a los eurodiputados que el nuevo Reglamento garantice el acceso efectivo al efectivo mediante «la obligación de las entidades de crédito de mantener una red mínima de distribución de cajeros automáticos y sucursales bancarias, garantizando que los servicios básicos de retirada de efectivo sigan disponibles y gratuitos para sus clientes». En este sentido, Denaria ha estimado que, en el caso de España, garantizar el acceso al efectivo nos permite cuesta entre 4,8 y 25,6 millones de eurosuna cantidad notablemente inferior al 3% del coste de un solo día de disrupción digital.

En tercer lugar, la necesidad de una supervisión y aplicación efectivas por parte de los Estados miembros a través de poderes claros y directos asignados a las autoridades nacionales competentes para actuar inmediatamente en caso de incumplimiento de las regulaciones, como la aceptación obligatoria de efectivo por parte de los beneficiarios y proveedores de servicios de pago y el mantenimiento de la red mínima de distribución a las entidades de crédito. «El seguimiento por sí solo no es suficiente: normalmente una obligación legal no se aplica sólo después de que se ha acumulado un volumen de infracciones. El seguimiento debe apoyar la supervisión, las medidas correctivas y las sanciones, no sustituirlas», afirman en sus cartas desde la plataforma.

Ahora, en cuarto lugar, señalan que «aunque se agradece una mayor supervisión, debe complementarse con poderes claros de aplicación y mecanismos correctivos». Sin este vínculo, el Reglamento corre el riesgo de identificar problemas sin garantizar su corrección.

Denaria apoya además la introducción de Planes nacionales de resiliencia del efectivocomo se propone tanto en el Enfoque General del Consejo como en varias enmiendas de diferentes grupos políticos en el Parlamento Europeo: «Estos planes deberían desarrollarse en cooperación con el ecosistema de efectivo más amplio, manteniendo la responsabilidad principal con las autoridades públicas y las instituciones de crédito, para garantizar tanto la eficacia como la proporcionalidad».

Subraya la plataforma presidido por Javier Rupérez que el mantenimiento de los servicios esenciales de caja forma parte de las obligaciones fundamentales de las entidades de crédito y no debe dar lugar a mecanismos generales de compensación. Al mismo tiempo, explican, «los costes vinculados a las medidas sistémicas o de resiliencia del mercado no deberían recaer en el sector privado».

En general, las propuestas de Denaria – concluyen – pretenden apoyar un Reglamento que sea jurídicamente sólido, operativamente viable y alineado con sus objetivos de política pública: preservar la inclusión financiera, garantizar la resiliencia del sistema de pagos y salvaguardar el papel del efectivo como bien público dentro del marco monetario europeo.