La posibilidad de que las zonas de bajas emisiones (BEZ) desaparezcan por decreto se ha diluido en el Congreso. La Comisión Mixta para los Objetivos de Desarrollo Sostenible rechazó este lunes la propuesta no jurídica de Vox que pedía la supresión de estas zonas de tráfico limitado en toda España. Con 32 votos en contra y sólo 2 a favor, PSOE y PP han amparado una medida que consideran fundamental para la salud pública.

Lo que necesitas saber

• Por qué es importante: El Congreso confirmó el apoyo político mayoritario a las ZBE, alejándose del precedente francés que las había derogado.
• Cómo te afecta: Las restricciones a la circulación de automóviles sin etiqueta medioambiental siguen vigentes y, según los partidos mayoritarios, se endurecerán progresivamente.
• Puntos clave y plazos: La votación del 22 de junio de 2026 mantiene intacta la obligación de todos los municipios de más de 50.000 habitantes de tener activa su propia ZBE. No hay ninguna fecha límite de eliminación a la vista.

Qué votó el Congreso y qué significa en la práctica

La iniciativa de Vox instaba al Gobierno a revocar la implantación obligatoria de las ZBE establecidas por Ley de cambio climático y transición energética. El partido de Santiago Abascal las calificó de «inconstitucionales» y «un capricho ideológico». Pero la Comisión Mixta para la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible tumbó la propuesta por una abrumadora mayoría: 32 votos en contra y sólo 2 a favor, según la nota oficial difundida por el mismo órgano parlamentario.

En la práctica, el rechazo significa esto. Ninguna de las ZBE actuales desaparecerá por decisión del legislador. Madrid, Barcelona, ​​Valencia, Sevilla, Bilbao y otras ciudades obligadas a tener una zona de bajas emisiones mantienen -y podrían endurecer- sus restricciones. Para el conductor, la multa por entrar en estas zonas sin etiquetas medioambientales sigue siendo una realidad punible.

El debate no es nuevo. Hace semanas, Francia aprobó una ley en la Asamblea Nacional que deroga sus zonas de bajas emisiones, a falta de ratificación por parte del Consejo Constitucional. Allí se argumentó que las restricciones “fomentan las desigualdades sociales y perjudican a las clases populares”. En España la discusión no tuvo éxito. El PSOE, a través del diputado Daniel Senderos, recordó que la contaminación del aire afecta a más de 4 millones de niños según Unicef ​​y que las ZBE son «medidas de salud pública, no cuestiones ideológicas». El PP, a través del senador José Manuel Baltar, añadió que su eliminación supondría «inseguridad jurídica para los ciudadanos y los ayuntamientos».

Los tribunales también se han concentrado, pero sin alterar el sistema

A la presión política se suman las sentencias judiciales que han anulado temporalmente algunas ZBE por defectos formales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminó que en Málaga se había vulnerado la libertad de empresa, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó la suspensión de multas y embargos a partir de enero de 2022. Sin embargo, estos contratiempos no han dinamizado el modelo: las ciudades corrigen los expedientes y las áreas siguen operativas. La Comisión Europea ha recomendado evaluar los «impactos socioeconómicos», pero no ha pedido su eliminación.

El resultado es un mapa de restricciones que permanece estable.. La votación de hoy refuerza la idea de que en España el camino es opuesto al francés. Si en el país vecino las ZBE están a un paso de desaparecer, aquí gozan de un consenso parlamentario que las protege. Los próximos pasos serán previsiblemente municipales: las ordenanzas sobre movilidad seguirán adaptando los calendarios de acceso a las especificidades medioambientales de la DGT, la tendencia es la de una ampliación de las zonas restringidas y un endurecimiento de los criterios.

Qué esperar ahora: más restricciones, no menos

Con el Congreso cerrando filas, los ayuntamientos tienen rienda suelta para seguir desarrollando sus propias ZBE. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ya ha anunciado que en 2027 ningún vehículo sin rotular podrá circular por la M-30. Barcelona avanza hacia un gigantesco «superconfinamiento» que prohibirá los coches más contaminantes. Para el usuario esto se traduce en certeza: La inversión en un vehículo con etiqueta ECO o Cero se consolida como única vía de acceso libre de obstáculos al centro de las grandes ciudades. A los automóviles diésel anteriores a 2006 y a los de gasolina anteriores a 2000 no sólo se les seguirá prohibiendo la entrada a la mayoría de las ZBE, sino que también nuevos municipios se unirán al requisito una vez que la Corte Suprema apruebe la jurisdicción municipal para establecer estas zonas.

La votación también disipa las dudas sobre el futuro del plan MOVES y otras ayudas para la renovación del parque de vehículos: mientras las ZBE sigan siendo obligatorias, los incentivos para cambiar de coche seguirán fluyendo, aunque con las habituales fluctuaciones presupuestarias. Cualquiera que necesite desplazarse por el centro de una gran ciudad haría bien en consultar el calendario de restricciones de su municipio y, si aún no lo ha hecho, solicitar la pegatina medioambiental de la DGT, un trámite que cuesta 5 euros y se realiza en la sede electrónica de la DGT o en cualquier oficina de Correos.

La derogación de la ZBE no pasó el filtro del Congreso: las restricciones al tráfico contaminante seguirán siendo una realidad en las grandes ciudades y se endurecerán con el tiempo.

Porque la apuesta española es diferente a la francesa

El contraste con Francia es el mejor termómetro para entender el resultado. Allí se aprobó la ley que deroga las ZFE-m (Zonas de Bajas Emisiones, en la nomenclatura francesa) con un argumento centrado en la desigualdad social y la protección de las rentas bajas. En España, la mayoría parlamentaria consideró que los beneficios para la salud superan los costes económicos, y que el equidad social Esto se garantiza con ayudas a la movilidad, no con la eliminación de restricciones. El popular senador Baltar habló explícitamente de «autonomía local» para que cada ayuntamiento moldee su ZBE con sus propios criterios, lo que abre la puerta a que algunas ciudades mantengan exenciones para residentes o profesionales, pero sin eliminar la obligación general.

En resumen, la decisión del Congreso traza un horizonte claro: Las zonas de bajas emisiones llegaron para quedarse. El conductor que viaja por el centro de una gran ciudad debe asumir que, tarde o temprano, necesitará un vehículo con etiqueta medioambiental o buscar alternativas de transporte público. El escenario francés, por ahora, queda excluido en España.