El protagonista de esta historia nació en 1964 y había acumulado un historial de vaivenes administrativos cuando en febrero de 2024 llamó a la puerta del Ingreso Mínimo Vital. Su vida había dado varios giros: había pasado algún tiempo en prisiónCarecía de ingresos y sentía una sensación de impotencia que le llevó a pedir ayuda al sistema. Pero la entidad gestora, en lugar de concederle la ayuda, abrió un expediente que acabaría en el tribunales. La razón no fue la insensibilidad burocrática, sino la imposibilidad de encajar su situación en las estrictas normas requisitos de residencia establecido por la ley.

Luego de presentar la solicitud el 7 de febrero de 2024, la administración le solicitó que aportara el registro histórico de su unidad de convivencia. a partir de enero de 2023. El hombre entregó documentos en agosto, pero no cumplió con la petición: solo envió la solicitud de empadronamiento al Ayuntamiento de Bilbao e invocó la cooperación entre administraciones. El 3 de septiembre de 2024, sin los justificantes necesarios, su solicitud fue archivado para retiro.

Un historial de registros que jugaron en su contra

El análisis de su carrera residencial fue demoledor. Según los hechos probados, el demandante había sido registrado con su madre en un domicilio en bilbao hasta el 14 de junio de 2023. Luego hasta el 28 de abril de 2024, desaparecido de ningún historial, un vacío que ni siquiera coincidió temporalmente con su estancia en prisión.

Recién a partir del 29 de abril de 2024 apareció en una nueva dirección, pero ya era tarde: la ley exigía que, si eras mayor de treinta años, debías acreditar un domicilio diferente a la de sus padres durante todo el año inmediatamente anterior a la solicitud. Y no lo hizo.

Además, la normativa le exigía acreditar una residencia eficaz y de forma ininterrumpida en España durante al menos ese mismo periodo. El agujero de casi once meses sin registro hizo imposible cumplir también con ese requisito. El tribunal no podía ignorar estas deficiencias. la frase 161/2026emitida el 22 de mayo, reconoce que el demandante se encuentra en una situación de “excepcionalidad, vulnerabilidad y exclusión”, pero enfatiza que estas circunstancias, si bien merecen ser tomadas en cuenta, no eximen del cumplimiento de los mandatos legales.

La Ley no hace excepciones por vulnerabilidad

La sentencia recuerda que haber estado en prisión tampoco actúa como salvoconducto automático. Aunque la ley 19/2021 exime del requisito de independencia residencial a quienes hayan sido puestos en libertad después de una privación de libertad superior a seis meses, esta exención no opera cuando el solicitante no puede acreditar su propia y continua residencia aparte de la de sus padres. En este caso, la última dirección conocida antes de la nulidad del registro es vinculado directamente al hogar materno.

La decisión anula las alegaciones del demandante y confirma que el desistimiento administrativo fue correcto. La resolución no es definitiva y aún puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.