Así consta en una resolución fechada este lunes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Pedraz, instructor de la Caso Leiretoma esta decisión a petición del Fiscalía Anticorrupción.

El juez concluye que «existen indicios de criminalidad en su contra», así como en contra otras 24 personas.

En este caso, el instructor investiga las supuestas maniobras del Grupo Hirurok —del que formaba parte Leire Díez, el plomero del PSOE—a favor de determinadas empresas y a cambio de cuantiosas comisiones ilegales.

En 2021, la SEPI rescató la empresa Tubos Reunidos con 112 millones de euros públicos.

Actualmente, esta empresa vasca, ya en quiebra, se encuentra en quiebra.

Según Anticorrupción en un informe dirigido al juez Pedraz, Vicente Fernández —otro miembro del Grupo Hirurok; presidenta de la SEPI hasta 2019—compartió con Leire Díez un documento con información interna que revelaba que Gualda había asumido un «compromiso» con el director general de Tubos Reunidos de que su candidatura sería aprobada.

Además, en junio de 2021, un directivo de la SEPI (Miguel Ángel Figueroa) informó a Fernández que «BG», siglas de Belén Gualda, tenía la firme intención de «retirar» y agilizar varias operaciones la semana siguiente. Entre ellas, la petición de Tubos Reunidos.

Casi cinco años después del rescate, en 2025, la dirección de la SEPI autorizó a la siderúrgica a utilizar los casi 10 millones de euros que había obtenido con la venta de un edificio en Sestao (Bilbao), en lugar de depositarlos en la empresa pública.

«Por estas actuaciones Tubos Reunidos acordó pagar a Vicente Fernández 40.000 euros (IVA no incluido)», destaca Anticorrupción en su informe.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Leire Díez, la plomero del PSOE, dio pasos –en su caso, en el terreno político– a favor de esto mismo, de la propuesta de Tubos de poder utilizar ese dinero en lugar de consignarlo.

la llamada Trama de Leire organizó una reunión entre el director general de la empresa vasca y Andoni Ortúzarcelebrada en enero de 2025. Es decir, cuando este último aún presidía el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

De hecho, como destaca Anticorrupción, el 2 de julio de 2021, a través de un aplicación En un mensaje seguro, Fernández habló de «la perspectiva del PNV» sobre el rescate de Tubos, con otro miembro del partido Grupo Hirurokel constructor Antxon Alonso.

La Fiscalía señala que, poco después, «se produjeron una serie de reuniones a nivel político en las que participó Belén Gualda González, con el fin de agilizar la tramitación del otorgamiento de las ayudas».

Por otro lado, Díez convocó una reunión entre la dirección de Tubos Reunidos y Santos Cerdánel entonces secretario de Organización del PSOE.

Aquella reunión, de fecha 13 de noviembre de 2024, tuvo lugar en el despacho que éste ocupaba en la sede del partido, en la calle Ferraz de Madrid.

Además de añadir a Gualda como investigado, Pedraz también toma esta misma decisión respecto a Miguel Ángel Figueroa por, supuestamente, filtrar información interna de la SEPI a Vicente Fernández.

El juez también citará como investigados Julián Mateos Aparicio. Se trata del miembro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que firmó, por delegación de Gualda, la autorización para que Tubos Reunidos no tuviera que depositar los fondos derivados de la venta de Sestao.

Anticorrupción señala en su informe que «Vicente Fernández desarrolló múltiples gestiones y contactos con Julián Mateos-Aparicio» a favor de Tubos Reunidos. Ambos se conocían desde la época en que el primero presidía la SEPI.

De forma genérica, sin individualizarlos, Anticorrupción ve en las actuaciones denunciadas indicios de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y pertenencia a organización o grupo criminal.

Esto último, «teniendo en cuenta el carácter estable, coordinado y la distribución de funciones que requiere el desempeño del Grupo Hirurok«.

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