La asociación ha valorado positivamente el esfuerzo inversor de las administraciones en los últimos años. En 2025, la licitación de obras públicas superó los 35.000 millones de euros, prácticamente duplicando el volumen registrado en 2020. Recordemos, sin embargo, que la inversión está muy concentrada en determinadas áreas, mientras que el déficit de inversión en infraestructuras esenciales, como la hidráulica, se mantiene.

Por otro lado, la asociación ha destacado la creciente dificultad para ejecutar las obras, dado un crecimiento sostenido de los precios de los materiales y de la mano de obra, que ha supuesto un incremento medio de los costes de construcción del 30% desde 2020.

A esta inflación estructural se suman las sucesivas crisis internacionales, desde la pandemia y la guerra de Ucrania hasta la crisis de Irán, que puntualmente, pero de forma muy significativa, incrementan los costes de producción, hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad de muchas obras en curso y comprometer la contratación de otras.

La ANCI ha recordado que, en la práctica, muchos contratos públicos se siguen licitando con presupuestos calculados sobre proyectos antiguos o bases de precios obsoletas y que, además, los presupuestos de adjudicación se fijan para los años que dura la obra, con mecanismos de revisión inexistentes o insuficientes para reflejar la evolución real de los costes.

Por ello, la Asamblea ha reclamado tres medidas para facilitar la ejecución de las obras. En primer lugar, ofertar siempre con presupuestos ajustados a los precios reales del mercado. En segundo lugar, reformar el sistema de revisión de precios para que vuelva a convertirse en un mecanismo prescriptivo capaz de trasladar a los contratos la evolución real de los costes, incluidos los laborales. Y, finalmente, avanzar hacia una contratación pública en la que la calidad tenga un peso equilibrado con el precio y en la que se controle estrictamente la presentación de ofertas anormalmente bajas.

La asociación también ha recordado la necesidad de preservar la competencia abierta y efectiva en la contratación pública. En este sentido, seguirá trabajando para fomentar la competencia en los procesos de contratación pública, para lo que considera imprescindible un diseño de las licitaciones que evite, en la medida de lo posible, los macrocontratos, garantizar que no se incorporan a los pliegos barreras injustificadas que supongan la exclusión de licitadores y mantener abierto el procedimiento como fórmula de adjudicación ordinaria por ser la que mejor garantiza la transparencia, la competencia y la igualdad de oportunidades y, con ella, la eficiencia de la contratación pública.

Durante la Asamblea también se puso en valor el trabajo que realizan las empresas constructoras y, en general, los profesionales que participan, desde el sector público o privado, en el desarrollo y conservación de las infraestructuras españolas. Asimismo, ha reivindicado la construcción como un sector de excelencia técnica, cuya actividad es esencial para la competitividad del país y el bienestar de la sociedad.

La Asamblea concluyó reafirmando el compromiso de la ANCI de exigir inversiones suficientes y estables en infraestructuras, promover un marco contractual que facilite la correcta ejecución de las obras y defender una contratación pública eficiente basada en la competencia, la calidad y la igualdad de oportunidades.

La clausura de la Asamblea General de la asociación corrió a cargo de Rocío Báguena, Secretaria General de Transportes Terrestres del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.