La última parte de la vocería no oficial del régimen, ofrecida a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), no difirió demasiado de las anteriores. El chavismo contabilizó menos de 500 muertos desde el domingo, y el coordinador residente de la ONU en el país, Gianluca Rampollahabía advertido un día antes que las autoridades estaban subestimando la magnitud real de la tragedia.

«Sin duda, estamos hablando de una cifra superior a la ya reportada», declaró el diplomático de origen italiano desde su oficina en Caracas, quien confirmó que su equipo preparaba en coordinación con el chavismo la llegada de 10.000 bolsas para cadáveres como «un indicador aproximado» de la catástrofe.

El Servicio Geológico de Estados Unidos comparte esta proyección preliminar de 10.000 muertes basándose en factores como la magnitud del terremoto, la densidad de población y la infraestructura local.

«Cada día sigue aumentando el número de víctimas y esperamos que siga aumentando», lamentó el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Caracas. Jennifer Moreno Canizalesel cual se encargó de recordar que el día del doble sísmico era feriado en el país y cientos de familias habían viajado hasta La Guaira, la zona más afectada.

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en esta región costera se acumulan hasta 1,2 millones de toneladas de escombros. Y la NASA estima que alrededor de 59.000 edificios resultaron dañados o completamente destruidos después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

La propia ONU estimó hace días que hasta 50.000 personas podrían haber desaparecido, y una web coordinada por la oposición redujo la estimación a 43.000. El chavismo, en cambio, no ofrece proyecciones.

«En sistemas muy centralizados las figuras de víctimas suelen ser tratadas como un recurso político», explica el sociólogo venezolano Rafael Uzcátegui. «La presentación de informes permite gradualmente a las autoridades gestionar el impacto de cada anuncio, en lugar de afrontar el efecto de una cifra muy elevada desde el principio. Además, reduce el riesgo de que actores distintos al Gobierno establezcan la agenda informativa».

Uzcátegui plantea otra hipótesis: «En los grandes terremotos, sobre todo cuando continúan las labores de búsqueda, el número de fallecidos cambia constantemente. Muchos gobiernos evitan ofrecer una cifra definitiva hasta tener procesos de identificación relativamente consolidados».

«Ahora», añade, «cuando las actualizaciones no son muy transparentes o carecen de explicación metodológica, esta cautela puede convertirse en un problema de credibilidad».

«Una tercera posibilidad es la gestión de la responsabilidad política», afirma Uzcátegui. «Un gran número de víctimas plantea inevitablemente dudas sobre la preparación del Estado, la calidad de la construcción, la velocidad de respuesta, la capacidad hospitalaria o la eficacia de los rescates. La divulgación de información de forma escalonada puede aplazar ese debate mientras la atención pública sigue centrada en la emergencia inmediata».

«También puede haber un cálculo relacionado con la estabilidad política», señala. «En contextos de polarización o baja confianza institucional, las autoridades pueden considerar que la comunicación muy brusca de cifras elevadas aumenta la ansiedad social, genera críticas inmediatas o alimenta rumores. La intención declarada puede ser evitar el pánico, aunque también es posible el efecto contrario si la población percibe que la información está siendo administrada.»

Uzcátegui considera que «en el caso venezolano también hay un elemento específico: la crisis de confianza previa. Después de años de controversias sobre las estadísticas oficiales en distintos ámbitos, una parte importante de la sociedad recibe con escepticismo la información gubernamental. En este contexto, la publicación parcial de datos puede reforzar la percepción de opacidad, aunque parte del retraso responde a dificultades reales para identificar a las víctimas».

Algunos precedentes no apuntan hacia una resolución rápida del recuento de cadáveres. Cuando el huracán María azotó Puerto Rico en 2017, la cifra oficial fue de 64 muertos. Casi un año después, se actualizó a 2.975. Después del tsunami del Océano Índico de 2004, las autoridades tardaron más de un año en llegar a una estimación final de 230.000 víctimas.

Carolina Jiménez SandovalLa exdirectora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, lamenta desde La Guaira, donde documenta la situación, que «una de las cosas que ha demostrado esta tragedia es que tenemos dos tragedias: una que lamentablemente nos ha dado la naturaleza, y otra que es una tragedia política».

«La naturaleza es inevitable, no se puede controlar. La política es evitable, pero también ha sucedido. Desde el primer día hemos visto a un Gobierno bastante ocupado controlando la narrativa», denuncia el internacionalista venezolano.

«La información se ha centralizado en la presidencia y en la figura del presidente, pero ha sido una información muy opaca», explica. «Tenemos un presidente de la Asamblea Nacional, que es hermano del presidente, dando información que no debería ser dada por el presidente de la Asamblea Nacional, sino por ciertos ministros».

«La comunicación se ha centrado en la figura presidencial y su hermano. Y esa es una política comunicativa que intenta controlar una narrativa», afirma Jiménez Sandoval. «Pero creo que ha llegado el momento en que la narrativa es claramente incontrolable, porque todos los ojos están puestos en el país».