Los detenidos lideraban una red de suministro de mano de obra barata en construcciones en el norte y las víctimas pagaban hasta 30.000 euros

OVIEDO/SANTANDER, 2 de julio (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil ha detenido a tres personas que integraban una red de explotación laboral dedicada al suministro mano de obra barata en construcciones del norte de España. Hay una cuarta persona investigada por su participación en los hechos y al menos 41 víctimas identificadastrabajadores extranjeros en situación de vulnerabilidad, que trabajaron en Cantabria, Asturias y País Vasco.

El pasado verano, la Policía Judicial del instituto armado detectó indicios de este posible entramado y de explotación laboral de numerosos trabajadores, que apuntaban a posibles delitos relacionados con la promoción de la inmigración irregular, la trata de personas, contra los derechos de los trabajadores y los de los ciudadanos extranjeros, entre otros.

Los agentes llevaron a cabo vigilancias y controles en las tres comunidades autónomas citadas y lograron identificar una empresa cuyo titular principal desarrollaba su actividad en Vizcaya y con sede económica en Vitoria.

Descubrieron que muchos de los trabajadores se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad debido a circunstancias económicas o sociales que favorecían un estado de dependencia de quienes controlaban sus movimientos y condiciones de trabajo.

La mayoría de los empleados habían realizado largos viajes a nuestro país a través de diferentes rutas migratorias en diversos medios de transporte, incluso con escalas en países como Grecia e Italia antes de llegar a su destino final. Algunos habían contraído deudas de hasta 30.000 euros para financiar el viaje, lo que aumentaba su vulnerabilidad.

Los guardias civiles detectaron que, al inicio de cada jornada de trabajo, numerosos trabajadores se concentraban en distintos puntos de Vitoria, desde donde eran distribuidos en vehículos a diferentes obras de la obra, recorriendo «centenares» de kilómetros diarios.

En los casos de Asturias y Cantabria, debido a la lejanía de la sede de la empresa investigada, los trabajadores fueron alojados en viviendas donde permanecían durante la semana laboral en condiciones que se investigan.

Ante ello, y en virtud del convenio de colaboración existente, en febrero de 2026 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se sumó a la investigación. Durante las investigaciones se confirmaron varios accidentes laborales sufridos por trabajadores vinculados a esta red. Al menos dos habrían sido trasladados a centros de salud y posteriormente apartados de su empleo.

Así, se recabaron evidencias sobre la existencia de una red organizada dedicada a promover la inmigración irregular y explotar a trabajadores extranjeros, entre otros delitos penales.

70 EFECTIVOS.

En su fase final de explotación, este pasado mes, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Policía Judicial de Álava y Cantabria, con el apoyo de más de 70 efectivos USECIC de la Guardia Civil del País Vasco, Cantabria y Asturias, llevaron a cabo una operación simultánea en varias obras del norte.

Como resultado, se han inspeccionado diez obras en estas comunidades, y en siete de ellas se han detectado presuntas irregularidades laborales. Durante la operación se han identificado 41 trabajadores extranjeros vinculados a diferentes empresas investigadas.

La mayoría utilizó documentación de terceros para acreditar su identidad al encontrarse en situación administrativa irregular.

Durante las acciones, muchos trabajadores se mostraron inicialmente reacios a colaborar con las autoridades y dificultaron la verificación de su identidad y estatus administrativo.

Posteriormente, varios reconocieron haber pagado importantes cantidades de dinero a organizaciones dedicadas a facilitar la inmigración irregular para llegar a España y acceder a empleo.

INSCRIPCIONES E INSPECCIONES.

En total, han sido detenidas tres personas, dirigentes empresariales. Una cuarta también está siendo investigada por su participación en los hechos.

Se han llevado a cabo tres registros e inspecciones en inmuebles y establecimientos de Vizcaya y Álava, donde se ha intervenido documentación y dispositivos electrónicos que están siendo investigados.

Tras los controles realizados, 40 de los 41 trabajadores identificados se encontraban en situación administrativa irregular en España.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Santander, que dirige actualmente la instrucción del procedimiento.

La operación, denominada ‘Ambotan-Canapu’, permanece abierta y no se descartan nuevas acciones.