MURCIA 3 de julio (EUROPA PRESS)-

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a tres personas por la venta de una tonelada y media de cable de cobre de «dudosa procedencia» en distintos centros de gestión de residuos metálicos de la Región de Murcia, en la operación ‘Panobra’, en el marco del ‘Plan contra el robo de cobre’, que ha desarrollado la operación ‘Panobra’.

Se trata de tres empleados de una empresa, que realizaban tareas de sustitución del cable de cobre de la autovía A-30, a su paso por la capital murciana, a quienes presuntamente se les atribuyen los delitos de apropiación indebida y daños. El principal sospechoso también fue imputado por un delito contra la seguridad colectiva, por provocar riesgo de descarga eléctrica, según informó la Benemérita.

La investigación se inició cuando guardias civiles del equipo ROCA (contra el hurto rural) realizaron una serie de controles en los centros de gestión de residuos metálicos. Además de localizar aperos y herramientas agrícolas como cabezales de riego que, tras ser sustraídos de propiedades agrícolas, suelen venderse como chatarra, los guardias civiles centraron sus inspecciones en la venta de artículos de cobre que podrían ser de dudosa procedencia.

En varios albaranes había ciertas coincidencias: un mismo particular había vendido más de una tonelada de cable de cobre entre los meses de febrero y mayo en 39 operaciones. La Guardia Civil descubrió que el vendedor era empleado de una empresa que, en esos momentos, se encontraba retirando y reponiendo el cableado eléctrico del alumbrado público de la autovía A-30, a su paso por el municipio de Murcia.

El gerente de esta empresa desconocía lo sucedido y, ante las pruebas obtenidas por la Guardia Civil, interpuso la correspondiente denuncia.

El Equipo ROCA realizó las inspecciones visuales correspondientes y constató la ausencia del cable de tierra de cobre que unía las farolas entre sí. «Esta manipulación no afectó el encendido de las luces, pero redujo drásticamente la seguridad del sistema ya que provocó un riesgo crítico de bypass eléctrico que podría haber provocado descargas graves», explicaron.

La investigación reveló que la persona que había vendido el cable robado fue asignada específicamente para verificar la instalación en los sectores donde se cometieron los hurtos y que presuntamente aprovechó esta circunstancia para desmantelar la instalación.

Al parecer, tras dar el “visto bueno” para el correcto funcionamiento de las luminarias, retiró el cable de tierra. Dado que las alcantarillas en las que se encuentran las conexiones se cubrieron con hormigón inmediatamente después de la inspección para evitar robos externos, el sospechoso pensó que el robo quedaría oculto permanentemente bajo el cemento.

La investigación llevada a cabo ha permitido vincular a otros dos empleados con el robo de otros 500 kilos de cable de cobre, lo que supone más de 3.600 metros. La empresa adjudicataria de las obras cifra los daños en más de 45.000 euros.

En distintos centros de gestión de residuos metálicos de la Región, la Guardia Civil ha detectado un total de 52 operaciones de venta de una tonelada y media de cable de cobre robado.