El actual presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Olga García, Se le ha imputado un presunto delito de prevaricación en la concesión de permisos administrativos para posibilitar la ejecución del proyecto fotovoltaico ‘FV Tagus’ durante el periodo en el que fue ministra de Transición Ecológica en Extremadura, junto al PSOE.

De acuerdo con el fallo emitido por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, al que ha tenido acceso EFE, Olga García deberá prestar declaración como investigadora el próximo 7 de octubre, según adelantó este viernes el periódico El mundo.

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) presentó una denuncia al considerar que la planta fotovoltaica Tajo, ubicada en Alcántara (Cáceres) e impulsada por una filial de Iberdrola, había recibido una declaración de impacto ambiental irregular o ilegalsegún explicó a Efe Dorinda Aventín, abogada de la acusación.

Ya en 2024, Fondnex denunció que la planta del Tajo se ubicaría en el medio Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los Llanos de Alcántara y Brozas y en la Zona de Interés y Zona de Alto Interés (ZAI) del citado espacio, así como que incumplió hasta tres directivas europeas.

Inicialmente, tras la denuncia del Fondenex, se abrió proceso contra la actual directora de Evaluación de la Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Marta Gómez Palenque, y Eugenio Domínguezex subdirector de Evaluación de la Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica e implicado en el caso Forestalia.

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha reclamado «responsabilidades y transparencia» ante este «escándalo», que nuevamente «mete a esta comunidad autónoma en los problemas de corrupción del PSOE«.

Tras conocer la acusación de Olga García, que fue titular del Ministerio para la Transición Ecológica y Sostenibilidad en el último gobierno del PSOE en Extremadura (2019-2023), Sánchez Juliá ha subrayado que esta acusación se suma en esta comunidad a la de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

«Pone otro foco -el de la acusación del exconcejal- sobre cómo se gestionó el PSOE cuando estuvo al frente del Gobierno extremeño», añadió Sánchez Juliá.

Por su parte, fuentes de la presidencia de Enresa, consultadas por EFE, mostraron su confianza y plena colaboración con la justicia.