España suma al menos 665.500 viviendas ilegales, la mayoría en Andalucía y Valencia, según una aproximación en base a información facilitada a EL PERIÓDICO por gobiernos autonómicos y estudios de especialistas en Geografía y Urbanismo. Viviendas que se levantan en terrenos rústicos, aprovechando de que el delito urbanístico prescribe rápido, y que en algunos casos están tan arraigadas que acaban siendo dotadas de luz y agua y en muchos casos los vecinos están censados y pagan impuestos.