OHLA ha conseguido una victoria definitiva en la batalla legal que mantenía desde hacía años con los fondos que adquirieron a los bancos la deuda de la autopista de peaje M-12, la vía que conecta Madrid con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Él El Tribunal Supremo desestima los recursos extraordinarios por infracción procesal y procedimientos de casación interpuestos por el Fondo de Titulización TDA 2015-1, el Fondo de Titulización TDA 2017-2, el Fondo de Titulización Bothar y Kommunalcredit Austria. Estas entidades reclaman 283,3 millones de euros a la constructora en su calidad de antigua propietaria de la Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Españolala empresa encargada de explotar la infraestructura que entró en quiebra en 2015.

La sentencia pone fin a un largo litigio judicial con resultado favorable para OHLAlo que queda exentos de cualquier compensación financiera a los fondos de los acreedores. Además, como se anticipó El economistaSe ha condenado a estas entidades al pago de las costas del procedimiento.

Durante el proceso, el La constructora ha recibido el asesoramiento del equipo de reestructuraciones e insolvencias de la firma Garrigues..

Sostuvieron que OHLA estaba obligada a cubrir las desviaciones de costes del proyecto

El origen de este conflicto se remonta a la adjudicación en 2002 de la concesión administrativa para la construcción y explotación de la autopista de peaje en el eje de la aeropuerto de madrid (M-12). La empresa Aeropistas se creó para canalizar inversiones y obtener financiación y se firmó un contrato de crédito con varias entidades bancarias.

Los fondos demandantes, que asumieron la posición de los bancos financieros originales mediante cesiones de créditos como consecuencia de la quiebra de la autopista y posterior rescate por parte del Estado, Sostuvieron que OHLA estaba obligada a cubrir las desviaciones de costes del proyecto.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha confirmado el criterio establecido en resoluciones anteriores al considerar que la cláusula de apoyo incluida en el contrato tenía una validez temporal limitada, vinculada exclusivamente a las fases de construcción y operación de la autopista.

Una vez finalizada la concesión tras la liquidación del concurso de acreedores, se entiende que estas garantías «carecen de causa», ya que su finalidad era asegurar la continuidad del proyecto durante su desarrollo y explotación, pero no mantener indefinidamente el soporte financiero de la infraestructura.

70 millones de euros

La sociedad concesionaria Eje Aeropuerto y su matriz Aeropistas quebraron en 2013 después de que la evolución del tráfico en las autopistas cayera muy por debajo de las previsiones manejadas por el entonces Ministerio de Fomento.

Años después, en 2019, El tribunal a cargo del procedimiento determinó que la insolvencia de los concesionarios no fue culpable, sino que tuvo un carácter «fortuito».. Después de la quiebra, el autopista m–12 se integraron en la red gestionada por Seittjunto con otras infraestructuras de peaje que también atravesaron procesos de quiebra, como las autovías radiales de Madrid.

Más allá del conflicto mantenido con los fondos acreedores, el administrador concursal de Aeropistas y Eje Aeropuerto abrió otra vía judicial contra la Administración. En concreto, presentó un recurso de apelación. Asunto contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros de abril de 2019 que estableció el método de cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), reclamo que fue admitido parcialmente.

El Ejecutivo fijó inicialmente una retribución de cero euros en febrero de 2020 y, posteriormente, en 2021, revisó esa valoración hasta situarla en 59,4 millones de eurosincluyendo 46,5 millones correspondientes al capital más intereses. OHLA recurrió ambas decisiones. El procedimiento permanece suspendido y en abril de 2025 fue archivado por un plazo de dos años, por lo que no se reanudará a menos que una de las partes solicite su reanudación o el proceso expire en abril de 2027.

Además, OHLAcon el apoyo de informes elaborados por sus expertos KPMG y Auren, estima que podría reclamar unos 70 millones de euros adicionales más intereses y costes derivados de las expropiaciones forzosasaunque los importes finales aún están bajo revisión. Sin embargo, la compañía considera poco probable recuperar la inversión realizada en Aeropistas y ya ha registrado un deterioro total del valor de este activo de 18,6 millones de euros a cierre de 2021.