La OCDE contradice al Gobierno de Pedro Sánchez y certifica que los salarios reales de los españoles están en el Top 3 de los que más han perdido desde 2021, con una caída media del 2% y, además, advierte de que no se espera un repunte ni en 2026 ni en 2027. Así lo ha determinado en su informe anual de perspectivas de empleo, en el que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala que el incremento medio para todos los países miembros ha sido del 4,9%, mientras que el la mediana fue del 1,8%. De hecho, sólo hay otros seis países en los que los salarios habían perdido más poder adquisitivo que en España: Dinamarca (2,1%), Suecia (4,8%), Australia (5,1%), República Checa (5,8%), Italia (6,1%) y Nueva Zelanda (6,4%). En la zona euro también cayeron, pero menos, un 1,8% en esos cinco años y en Estados Unidos un 1,4%.

La Organización alerta de que el salario de los españoles sigue siendo un 2% inferior al del primer trimestre de 2021, lo que sitúa a España como uno de los países de la OCDE que más ha caído en términos salariales desde la crisis de la pandemia, teniendo en cuenta el aumento de la inflación. Asimismo, advierte de que el estancamiento salarial se produce al mismo tiempo que se ha incrementado el salario mínimo, algo que si bien ha «protegido» a los trabajadores de menores ingresos frente a la inflación, denota un estancamiento aún mayor en el nivel salarial del resto de los trabajadores, al acercar cada vez más ese salario mínimo al salario medio. «Dado que el crecimiento de la productividad laboral se ha estancado durante la última década y se espera que se mantenga moderado, y en un contexto de renovadas presiones inflacionarias a corto plazo, no se prevé que los salarios reales se recuperen a lo largo de 2026 y 2027».

Con un resultado nuevamente inferior al del conjunto de la OCDE, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios en España tras las caídas por la crisis inflacionaria por la guerra de Ucrania ha mostrado «menos vigor» que en el conjunto de la organización, al haberse producido «un estancamiento aún mayor de los salarios reales de gran parte de la población activa».

En términos de empleo, España se encuentra en el carro de los países con mayor tasa de paro. La reducción de tres décimas de la tasa de paro en el último año refleja la «consolidación del mercado laboral español», pero el informe afea que el paro esté por encima de los dos dígitos (10,3%), lo que sitúa a España entre los puestos más altos de los 38 miembros de la OCDE y es el «principal reto» de la economía española, que al mismo tiempo ha conseguido incrementar la tasa de empleo en siete décimas, dado que la tasa media de paro de los países desarrollados se sitúa en el 4,9%.

El informe alerta también del estancamiento del crecimiento de la productividad en la última década, situación en la que no ve una mejora a corto plazo, y en un contexto de nuevas presiones inflacionarias «se anticipa que los salarios reales no repuntarán a lo largo de 2026 y 2027». En su análisis de España, la organización confirma que la reforma laboral de 2021 que limitó el uso de contratos temporales por necesidades temporales y endureció las condiciones para justificar su uso ha tenido efectos, pero les preocupa el ajuste que en realidad se ha hecho con un abuso de los contratos indefinidos discontinuos, que aunque formalmente catalogados como indefinidos, «pueden implicar periodos de inactividad, que no ofrecen las mismas garantías de estabilidad de ingresos».

El estudio señala también que el informe señala que la tasa de empleo ha crecido 0,7 puntos porcentuales en el último año, hasta el 67,3%, pero sigue estando 4,8 puntos por debajo de la media de la OCDE. Además, señala que en España las disparidades regionales en las tasas de empleo son «significativamente mayores» que en la mayoría de economías de la OCDE e indican que el desempleo también presenta grandes diferencias, entre el mínimo provincial en Guipúzcoa (6,4%) y el máximo en Melilla (28,3%). En su opinión, los flujos de trabajadores que se desplazan desde zonas con poco trabajo hacia otras donde hay más oferta «siguen siendo demasiado limitados para reducir significativamente las brechas de empleo regionales». Además, advierten que «en ausencia de políticas que reduzcan las barreras a la movilidad, especialmente para las personas con peores perspectivas laborales, la movilidad interregional puede terminar reforzando las disparidades existentes».