Casi 5.000 millones de euros de ayuda financiera han llegado a manos del Gobierno castrista de Cuba a lo largo de las últimas cinco décadas, que han servido para apoyar el régimen dictatorial impuesto por Fidel Castro y continuado por sus herederos. Medidas de alivio que se han intensificado en los últimos años bajo el mandato de Pedro Sánchez. Así lo confirma el informe del Instituto Juan de Mariana, titulado «El coste de sostener el castrismo», que detalla que la relación financiera de España con el régimen cubano «no es el resultado de una estrategia de política exterior responsable, sino el producto acumulado de décadas de decisiones tomadas de espaldas a la realidad que resultan en 65 años de opresión política, económica y social».

Según el estudio, la dictadura ha mantenido su aparato represivo, su «modelo económico ruinoso» y una agenda política de relaciones bilaterales que se remonta a los años 80, donde comenzaron una serie de condonaciones de deuda y renegociaciones que se extienden hasta la actualidad. «Lo que estos años documentan es un ejercicio continuo y sin precedentes de generosidad unilateral hacia esta dictadura. Cada vez que Cuba no ha cumplido, España ha respondido con un nuevo aplazamiento o un nuevo recorte. Nunca con una exigencia.

En 2016, nuestro país reestructuró una deuda de 2.444 millones de euros, condonando directamente 1.492 millones, el equivalente a aproximadamente el 60% del total adeudado. Los sucesivos recortes han reducido la deuda cubana con España a casi cero. Tras nuevas operaciones de ayuda financiera valoradas en 375 millones y 291 millones de euros, Cuba ha logrado que se le condone casi el 90% de sus obligaciones, reduciendo el saldo pendiente a sólo 286 millones.

Si Cuba hubiera tenido que financiarse en condiciones normales de mercado, la deuda reconocida en 2016 habría ascendido a 5.280 millones de euros en 2026. Así, el coste económico efectivo del apoyo español ronda en realidad los 4.994 millones de euros.

El informe también documenta entregas millonarias en material policial, programas energéticos, proyectos de digitalización administrativa, cooperación institucional, asistencia técnica, ayuda alimentaria y financiamiento público destinados a fortalecer diferentes capacidades del aparato estatal cubano. Al apoyo del Estado se suma también el de las comunidades autónomas, que también participan en el flujo de recursos hacia la isla. Sólo la cooperación vasca canalizó más de 41 millones de euros entre 1993 y 2019, a los que se suman programas financiados desde Cataluña, Andalucía, Galicia, diputaciones provinciales y numerosas entidades subvencionadas.

El Instituto denuncia también que, «mientras se ayuda económicamente al régimen, cientos de empresas españolas siguen impagas, debido a las malas artes de La Habana». Se calcula que más de 150 empresas españolas han acumulado impagos por valor de 255 millones de euros, cifra que se eleva a unos 318 millones si se incluyen los fondos retenidos y los dividendos bloqueados en la isla. Algunas de estas empresas incluso han acabado en quiebra.

Asimismo, la Unión Europea ha aumentado su apoyo financiero a la isla a pesar del deterioro de los derechos humanos. Desde 1988 se han financiado más de 200 proyectos por unos 300 millones de euros y, actualmente, hay 80 proyectos activos valorados en 155 millones y la dotación prevista para 2021-2027 asciende a 125 millones de euros, más del doble que el anterior ciclo presupuestario, pese a reconocer graves problemas de control y transparencia en su sistema de cooperación. No en vano, el Tribunal de Cuentas Europeo ha denunciado que más de 2.600 millones de euros repartidos entre más de 7.500 organizaciones carecen de mecanismos de seguimiento eficaces, lo que dificulta conocer el destino real de los fondos. En el caso de Cuba, esto es especialmente preocupante, debido a la manifiesta opacidad del régimen.

Para los analistas de Juan de Mariana, la conclusión que se desprende al repasar esta historia es «tan simple como incómoda: la política española hacia Cuba no ha contribuido en medida comprobable a mejorar la situación de los cubanos». En cambio, ha contribuido a sostener económicamente el régimen que los oprime, legitimando su permanencia y aliviando las consecuencias de su propia incompetencia y brutalidad. «Son los cubanos los que han pagado ese precio, además de los contribuyentes españoles, los que se han visto obligados a cubrir estos gastos inaceptables».

El informe también detalla que antes del triunfo de la revolución de Fidel Castro en 1959, Cuba disfrutaba de niveles de ingresos comparables a los de Italia, una esperanza de vida de 64 años, frente a los 50 de la región, una alfabetización del 79%, frente al 58% de América Latina, y más propiedad de automóviles, televisores o atención médica por habitante que en la gran mayoría de los países vecinos. Pero «la revolución le ha costado a Cuba más del 50% de su ingreso potencial per cápita, el salario real promedio equivale a apenas dos dólares mensuales, mientras el 89% de los cubanos vive en la pobreza extrema, el 86% de los hogares no cubre adecuadamente sus necesidades básicas y el 61% ni siquiera tiene ingresos suficientes para comprar lo esencial para sobrevivir».

Desde el Instituto señalan que la evidencia académica estima que las sanciones estadounidenses explican aproximadamente el 1% del PIB anual, «una magnitud insuficiente para justificar el colapso económico, productivo y social que vive la isla». Es un grave error asumir el relato de la dictadura, que intenta excusar su fracaso señalando con el dedo a Washington.